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Acerca del ministro de este sacramento declara el santo Concilio que son falsas y
totalmente ajenas a la verdad del Evangelio todas aquellas doctrinas que
perniciosamente extienden el ministerio de las llaves a otros que a los obispos y
sacerdotes [Can. 10], por pensar que las palabras del Señor: Cuanto atareis sobre la
tierra, será también atado en el cielo, y cuanto desatareis sobre la tierra será también,
desatado en el cielo [Mt. 18, 18], y: A los que perdonareis los pecados, les son
perdonados, y a los que se los retuviereis, les son retenidos [Ioh. 20, 23], de tal modo
fueron dichas indiferente y promiscuamente para todos los fieles de Cristo contra la
institución de este sacramento, que cualquiera tiene poder de remitir los pecados, los
públicos por medio de la corrección, si el corregido da su aquiescencia; los secretos, por
espontánea confesión hecha a cualquiera. Enseña también, que aun los sacerdotes que
están en pecado mortal, ejercen como ministros de Cristo la función de remitir los
pecados por la virtud del Espíritu Santo, conferida en la ordenación, y que sienten
equivocadamente quienes pretenden que en los malos sacerdotes no se da esta potestad.
Mas, aun cuando la absolución del sacerdote es dispensación de ajeno beneficio, no es,
sin embargo, solamente el mero ministerio de anunciar el Evangelio o de declarar que
los pecados están perdonados; sino a modo de acto judicial, por el que él mismo, como
juez, pronuncia la sentencia (Can. 9]. Y, por tanto, no debe el penitente hasta tal punto
lisonjearse de su propia fe que, aun cuando no tuviere contrición alguna, o falte al
sacerdote intención de obrar seriamente y de absolverle verdaderamente; piense, sin
embargo, que por su sola fe está verdaderamente y delante de Dios absuelto. Porque ni
la fe sin la penitencia otorgaría remisión alguna de los pecados, ni otra cosa sería sino
negligentísimo de su salvación quien, sabiendo que el sacerdote le absuelve en broma,
no buscara diligentemente otro que obrara en serio.
Cap. 7. De la reserva de casos
Como quiera, pues, que la naturaleza y razón del juicio reclama que la sentencia sólo
se dé sobre los súbditos, la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión y este Concilio
confirma ser cosa muy verdadera que no debe ser de ningún valor la absolución que da
el sacerdote sobre quien no tenga jurisdicción ordinaria o subdelegada. Ahora bien, a
nuestros Padres santísimos pareció ser cosa que interesa en gran manera a la disciplina
del pueblo cristiano, que determinados crímenes, particularmente atroces y graves,
fueran absueltos no por cualesquiera, sino sólo por los sumos sacerdotes. De ahí que los
Pontífices Máximos, de acuerdo con la suprema potestad que les ha sido confiada en la
Iglesia universal, con razón pudieron reservar a su juicio particular algunas causas de
crímenes más graves. Ni debiera tampoco dudarse, siendo así que todo lo que es de Dios
es ordenado, que esto mismo es lícito a los obispos, a cada uno en su diócesis, para
edificación, no para destrucción [2 Cor. 13, 10], según la autoridad que sobre sus
súbditos les ha sido confiada por encima de los demás sacerdotes inferiores,
particularmente acerca de aquellos pecados, a los que va aneja censura de excomunión.
Ahora bien, está en armonía con la divina autoridad que esta reserva de pecados, no sólo
tenga fuerza en el fuero externo, sino también delante de Dios [Can. 11]. Muy
piadosamente, sin embargo, a fin de que nadie perezca por esta ocasión, se guardó
siempre en la Iglesia de Dios que ninguna reserva exista en el artículo de la muerte, y,
por tanto, todos los sacerdotes pueden absolver a cualesquiera penitentes de
cualesquiera pecados y censuras. Fuera de ese artículo, los sacerdotes, como nada
pueden en los casos reservados, esfuércense sólo en persuadir a los penitentes a que
acudan por el beneficio de la absolución a los jueces superiores y legítimos.
Cap. 8. De la necesidad y fruto de la satisfacción