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EXPERIENCIAS DE GESTIÓN INDÍGENA
Los especialistas de la DH, PNUD, TSE e IIDH ratifi caron su
visto bueno y aval al proceso de Consulta.
La CONAI, con críticas sin mayor fundamento, cuestionó los
procedimientos empleados en el proceso de la Consulta.
Tercer momento:
La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa,
con el objeto de dar la mayor cobertura posible a la Consulta
del Proyecto de Ley para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos
Indígenas, realizó una jornada Sesiones Extraordi narias
de 3 días, del 24 al 26 de de octubre de 2006, donde recibió
en audiencia a las 24 Asociaciones de Desarrollo Inte gral Indígena
(ADI), y proporcionó el fi nanciamiento necesario para su
participación, para escuchar sus opiniones y tratar de incorporarlas
en el Expediente del Proyecto de Ley. Y se invitó a
personeros del Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría
de los Habitantes, la Organización Internacional del Trabajo,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, como observa dores de
este proceso.
Las ADI son una fi gura jurídica integracionista, impuesta por el
Estado Nación a los Pueblos Indígenas. Rubén Chacón Castro,
investigador responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica, marzo 2006, en el estudio “Las Asociaciones de Desarrollo
Integrales de los Territorios Indígenas, Datos acerca de su
Representatividad en el Sistema Jurídico Costarricense” señala
que: “Las ADIS indígenas en muchos territorios cercenaron
la organización indígena tradicional, la cual no obstante se
mantiene vigente en la mayoría de estas jurisdicciones, pero
a las ADIS les quitaron legitimación y poder. Aún así, en casi
todas las zonas indígenas hay comités vecinales, grupos de
agricultores, de mujeres, de jóvenes, de artesanos, entre otros,
llevando a cabo labores de organización tradicional indígena”.