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4.15 En los últimos años se ha verificado un incremento sostenido de los recursos
públicos asignados a la educación en la región, producto del crecimiento de la
economía y de la recaudación tributaria y no de una mayor prioridad dada al
sector. Así, el porcentaje del gasto público total que se destina a la educación
ha tendido a permanecer estable. Sigue siendo una prioridad para las políticas,
educativas e intersectoriales, lograr un equilibrio que permita invertir más y
mejor, disminuyendo los niveles de ineficiencia mencionados.
En relación con la equidad
4.16 La información disponible permite realizar una primera exploración sobre este
tema, a través del análisis y comparación de grupos poblacionales, definidos según
criterios como género, residencia, niveles de ingresos, condición de pobreza
y pertenencia étnica. Las situaciones de inequidad encontradas en los países
muestran la necesidad urgente de canalizar esfuerzos para atender las demandas
de los grupos en mayor vulnerabilidad, identificados como aquellos que habitan
en zonas rurales, pertenecen a algún grupo originario o afro-descendiente, y/o
pertenecen principalmente a sectores de menores ingresos o indigentes. Estas
disparidades se presentan no sólo en el acceso, sino que se intensifican aún
más en términos de la conclusión de estudios y, principalmente, en los niveles
educativos más altos.
4.17 La disponibilidad de información relativa a las prácticas de discriminación reproducidas
de modo cotidiano en las aulas, permitiría abordar el análisis de manera
más completa, haciendo posible contar con mayores evidencias para alimentar
el diseño de políticas.
4.18 Es un imperativo concentrar los esfuerzos en las escuelas públicas a efectos de
que puedan desarrollar su tarea con un mayor grado de éxito y contrarrestar
las diferencias en los resultados educativos asociadas con las condiciones socio-económicas
de las personas. Las escuelas públicas operan con importantes
limitaciones de recursos y competencias siendo que atienden a una población
con un volumen complejo de necesidades. En este escenario, resulta alentador
conocer que existen escuelas que atendiendo a una población muy necesitada,
logran tener mejores resultados, demostrando que la extracción social de los
estudiantes no impide que aprendan. Esto manifiesta que, con una apropiada
regulación, una adecuada dotación de recursos y una acción profesional sólida
y emocionalmente comprometida de los actores, la escuela puede contribuir
de modo decidido a crear mejores oportunidades a las personas y a garantizar
su derecho a la educación.
5 Los países de América Latina y el Caribe muestran un conjunto complejo de progresos
y desafíos en relación con el progreso hacia el logro de las metas de la EPT y la garantía
del derecho a la educación. Quedan todavía muchas acciones por emprender a fin de
asegurar una educación de calidad para todos. Una educación de calidad para todos
requiere consolidar y sostener los avances logrados, y abordar los desafíos pendientes a
partir de un enfoque de derechos y en cada una de las dimensiones identificadas.
6 Los progresos en el terreno de las legislaciones educativas nacionales y los marcos curriculares
prescritos requieren acompañarse del desarrollo de mecanismos que permitan
asegurar que éstos se traduzcan en prácticas a nivel de escuela y aula. Es fundamental
orientar, capacitar y asesorar a las instituciones educativas desde un enfoque integral
para que reorienten sus acciones y cultura organizando y desarrollando políticas y
prácticas que atiendan la diversidad. Por lo tanto, resulta de primera importancia
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