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En Bahamas los aspectos de convivencia
y formación ética han sido desarrollados
mediante diversas estrategias: la formación de
consejos estudiantiles en todas las escuelas
de baja y alta secundaria; su incorporación al
programa de estudios sociales y vida familiar;
en el diseño de programas para promover la
sensibilidad y apreciación por las diferentes
culturas. Asimismo, se han abierto canales
de participación para la contribución de los
estudiantes a la reforma curricular; se han
incorporado estrategias para prevenir el
consumo de drogas y a favor de la resolución
pacífica de conflictos; y programas para
mejorar la conducta.
estudiantiles han de promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
de los educandos como miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, la normativa no
establece cuál es el grado de participación de las organizaciones estudiantiles en los procesos
de toma de decisiones en el interior de la institución escolar ni su participación en las instancias
de aprendizaje. En la enumeración de los derechos se condiciona su ejercicio a lo que es propio
de cada edad, siendo entonces clave la interpretación que los adultos realicen de lo que es
adecuado o posible en cada etapa etárea.
Varias de las acciones impulsadas en la educación secundaria están orientadas a
fortalecer la participación y el rol protagónico de la comunidad educativa, en especial de los
estudiantes. Estos cambios se refuerzan en el marco de la defensa de los Derechos Humanos, de
los Derechos de los niños, o en la creciente convicción social sobre la importancia del respeto de
los derechos de los estudiantes a recibir una educación sin discriminación. En 2005 en Uruguay
se derogó la antigua normativa estudiantil de educación secundaria que contradecía el marco
legal de Derechos Humanos. Así, se elabora un nuevo Estatuto del estudiante para desarrollar
los principios fundamentales que aseguren a los jóvenes el ejercicio de una ciudadanía plena
y la inserción en la sociedad, con conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Llama la atención que, en algunos casos, la definición de esta
prioridad no enfatice la participación de los estudiantes en la elaboración
de las normas de disciplina y convivencia, como es el caso de El
Salvador, donde se ha establecido una política sobre Clima Institucional
para Potenciar el Aprendizaje. Si bien esta medida se fundamenta en el
hecho de que es importante que las normas de disciplina y convivencia
sean conocidas, compartidas y, sobre todo, adoptadas por todos los
miembros de la comunidad escolar, los estudiantes no aparecen como
protagonistas en su construcción.
Los espacios de participación abiertos a los estudiantes
también se contemplan en la normativa de un número importante
de países que desarrollan programas específicos. Así los Centros de
Actividades Juveniles (CAJ) en Argentina buscan promover el protagonismo
democrático de adolescentes y jóvenes, favoreciendo espacios
de interacción entre éstos y la puesta en práctica de actividades
tendientes a su desarrollo personal como parte de una comunidad. A
través de los CAJ los jóvenes estudiantes habrían de contar con una
participación más activa en el diseño de actividades y se convocaría a la comunidad y sus
saberes a través de los talleres de expresión artística que contempla. En los casos en que esta
normativa se desarrolla mediante programas específicos de formación ciudadana, cívica o
democrática, las instancias de capacitación docente en estos aspectos alcanzan a un número
muy limitado de escuelas y profesores, y su continuidad depende de la prioridad otorgada por
cada administración gubernamental.
(b.3) Alternativas y modalidades para el pleno acceso, integración, movilidad y
educación permanente de todas las personas
La consideración de la diversidad de necesidades educativas y condiciones particulares
de las personas demanda a los sistemas: (i) establecer la articulación de las transiciones entre
niveles educativos, (ii) la posibilidad de seguir caminos alternativos de acceso e integración
al sistema educativo de acuerdo a las propias condiciones de vida; (iii) programas y oferta de
modalidades de formación diferenciadas según intereses, necesidades y talentos particulares;
y (iv) sistemas de certificación de competencias que sean flexibles y permitan continuar
aprendiendo y desarrollarse a lo largo de la vida.
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