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Esta información debe ser leída con particular preocupación en tanto significa que los
programas de educación de jóvenes y adultos no alcanzan a un segmento importante de su
población objetivo.
Debe considerarse, asimismo, que existen programas dirigidos a esta población que
carecen de reconocimiento formal por lo que pueden no estar presentes en las estadísticas
oficiales o no ser considerados como “programa educativo” por las personas que responden
una encuesta en hogares.
Del mismo modo debe tenerse en cuenta que existe evidencia, registrada en varios
países, 14 de que el grueso de la matrícula en estos programas es población menor de 20 años;
es decir, estos programas estarían atendiendo de modo mayoritario a población menor de
edad que, por alguna razón, no asiste a la escuela regular. Las razones para esto pueden ir
desde restricciones normativas que impiden a mayores de 15 años asistir a la escuela regular,
hasta motivos económicos vinculados a la incompatibilidad entre el horario escolar regular
y demandas laborales asumidas por esta población: es necesario prestar atención a que los
programas para jóvenes y adultos no sean, en realidad, programas para la atención de población
menor de edad en condición de vulnerabilidad o marginación; es decir, una educación
vespertina para pobres.
(a.5) Gratuidad efectiva
La gratuidad de los programas educativos ha sido concebida como una medida
destinada a evitar la existencia de barreras de acceso a éstos que terminen limitando la posibilidad
de ejercer al derecho a la educación. Sin embargo, la experiencia viene mostrando
que el concepto de gratuidad es, en sí mismo, insuficiente para dicho propósito ya que puede
coexistir con estructuras de financiamiento de los programas educativos públicos que, en
último término, tienen impactos no deseados sobre la equidad y, por consiguiente, limitan el
derecho a la educación.
En efecto, una práctica establecida a lo largo del tiempo lleva a que la asignación del
gasto público en educación sea administrada en función de criterios igualitarios y, dadas las
limitaciones de recursos, ha tendido a corresponderse con mínimos operacionales. En efecto, el
hecho que el gasto público esté conformado en su mayoría por salarios (75,7% de la inversión
pública asignada a las instituciones educativas como promedio regional) 15 y que éstos tiendan
a definirse centralmente de modo igualitario, muestra que los márgenes para inversiones diferenciadas
que permitan atender con propiedad las diferentes necesidades de la población son
muy limitados. Esto, a su vez, se traduce en una comprensión de “gratuidad” como idéntica a
no pago de aranceles perdiéndose de vista otros costos que son asumidos por las familias.
Asimismo, el hecho que la provisión pública tienda a ser muy limitada y casi en exclusividad
concentrada en salarios, lleva a que otros gastos corrientes o incluso de inversión dependan
del aporte que las familias pueden hacer. De esta manera, la propia escuela pública termina
siendo dependiente del aporte económico de las familias lo que, evidentemente, tiene una
forma proporcional a los ingresos de éstas y, por tanto, efectos regresivos de consideración. 16
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14 Esto ha sido constatado por la UNESCO en los últimos años al revisar el estado de los sistemas de información y
las pautas para el reporte internacional de datos en, al menos, Perú, El Salvador; Bolivia y Costa Rica.
15 Estimación propia en base a información tomada de la base de datos del UIS para los años escolares terminados
entre 1999 y 2004.
16 La progresividad o regresividad de las políticas públicas (de ingresos o gastos) se definen atendiendo a la relación
entre éste y las condiciones de la población a la que el gasto se dirige. Dar más a quien más tiene resulta en efectos
regresivos ya que agudiza las diferencias; por el contrario, dar más a quién menos tiene resulta progresivo pues tiende
a cerrar las brechas pre-existentes (lo equivalente es cierto respecto de la generación de ingresos fiscales) Ahora bien,
estas reflexiones deben tomar en cuenta tanto las dotaciones actuales de recursos de las personas como la magnitud
de sus necesidades. Desde el primer criterio, una asignación igualitaria daría recursos proporcionalmente mayores
a quienes menos tienen. Desde el segundo criterio, una asignación igualitaria reproduce las brechas existentes ya
que las necesidades son, en términos absolutos, mayores en los sectores vulnerables, pobres o en marginación.