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La educación intercultural se inscribe normalmente en el marco de los Derechos Humanos
y derechos colectivos de los pueblos indígenas y afro-descendientes. Estos incluyen
el acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, lo que implica garantizar
e incrementar los niveles de acceso a diversas modalidades, favoreciendo la educación intercultural
bilingüe en todos los niveles educativos, así como la capacitación productiva. Esto
implica, además, un sistema de becas para los estudiantes en todos los niveles especialmente
en la educación superior, lo que se verifica en pocos casos (México y Chile).
(a.3) El derecho a un trato digno, a no ser discriminado o excluido y regulaciones
para hacer efectivo este derecho
Asegurar el derecho de todos a una educación de calidad requiere de modo insoslayable
asegurar el derecho a la no discriminación. Ninguna persona debe ver limitada su participación
en las diferentes actividades de la vida escolar en virtud de su origen social y cultural, de género,
su pensamiento político o creencias religiosas, entre otros aspectos.
Los marcos normativos y las orientaciones de política destacan
el derecho a la no discriminación en la mayoría de los países, aunque
pocas veces se adopta explícitamente como propósito el fortalecimiento
de la participación del estudiantado y la eliminación de las
restricciones para que todos puedan integrarse activamente, sin ser
discriminados.
La existencia de una ley o código especial de protección de la
infancia y adolescencia, brinda un elemento adicional de resguardo al
derecho a no ser discriminado, explotado o maltratado, contemplando
sanciones por cualquier acción en su contra u omisión de la salvaguarda
de dichos derechos. Esta normativa está presente en Brasil, Chile,
Nicaragua, Costa Rica.
El acceso a la educación es un primer paso cuyo resguardo requiere asegurar su obligatoriedad
y gratuidad. La existencia de regulaciones y sanciones para evitar que las escuelas
discriminen en los procesos de admisión y medidas de protección para evitar la expulsión o
cancelación de matrícula de determinados estudiantes por su procedencia, apariencia, creencias
o cualquier condición de vulnerabilidad que resulte “inconveniente” a la escuela, es muy
dispar en la región.
En algunos países -Honduras, El Salvador, y Venezuela- pese a declararse constitucionalmente
punible toda discriminación (no solamente en la educación) y a establecerse los delitos
y sanciones para el infractor de este precepto, no se encuentra información sobre cómo este
mandato legal se garantiza en la institución escolar.
Del mismo modo, existen experiencias de normativa destinada
a enfrentar situaciones específicas como la discriminación de alumnas
embarazadas (Bolivia, Chile y Uruguay), o de hijos de padres solteros o
divorciados (Bolivia), o en México, para casos de menores portadores
de VIH o que padecen SIDA y en Guatemala los afectados por la discriminación
étnica. En varios países del Caribe se norma exclusivamente
sobre la libertad de conciencia en materia religiosa.
La adopción de medidas en favor de personas o grupos que
puedan ser discriminados, marginados o maltratados, es más robusta
en países como Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia, donde la legislación
educativa establece instancias de garantía o defensa de derechos, a
través de las Defensorías Educativas o Acciones de Tutela (Colombia) que, entre otras funciones,
han de velar por el respeto de los derechos de los estudiantes y denunciar ante la Justicia
situaciones de abuso o vulneración.
Ciertas legislaciones sin contener prescripciones
directas sobre la no discriminación,
se refieren a una educación efectiva con
igualdad de oportunidades para todos (Uruguay,
Islas Caimán) o de acceso igualitario
independientemente de las creencias religiosas
o ideológicas (Antillas Holandesas) o de
igualdad de trato por parte de la autoridad
pública (Trinidad y Tobago), prohibiéndose
la negación de admisión a cualquier escuela
pública por razones de edad, experiencia o
condición socioeconómica.
En los países de la OECS (Organisation
of Eastern Caribbean Countries - Anguila,
Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas,
Dominica, Granada, Montserrat, San Kitts
y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas) se prohíbe la discriminación en
los procesos de admisión a cualquier escuela
pública o privada por cualquier motivo y se
aplica una sanción monetaria a las instituciones
privadas que incumplan.
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