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Este punto de partida se traduce en un entendimiento de la educación de calidad como
una que garantiza el derecho a la educación, abordando exitosamente aspectos vinculados a:
• La relevancia de los aprendizajes de las personas. Esta dimensión de análisis refiere a la
necesidad de que las experiencias educativas estén orientadas y aseguren el desarrollo
de aprendizajes que efectivamente habiliten a las personas para la vida contemporánea.
De aquí se deriva que dar cuenta del estado de la situación educativa de la región debe
prestar atención a en qué medida las experiencias educativas permiten el desarrollo de
aprendizajes vinculados con la identidad de las personas (aprender a ser), a la capacidad
para el entendimiento mutuo, la valoración y práctica de la convivencia armónica y
democrática (aprender a convivir), a la habilitación de las personas para el aprendizaje
continuo a lo largo de la vida (aprender a conocer), así como a la habilitación de los
sujetos para emprender en los diversos ámbitos de la vida (aprender a hacer).
• La pertinencia de las experiencias educativas. Esta dimensión de análisis refiere a la
flexibilidad de las experiencias educativas de tal suerte que se ajusten a las condiciones
particulares de las personas, valoren la diversidad y susciten espacios de participación.
• La equidad educativa. El carácter universal de un Derecho Humano fundamental hace
perentorio considerar en qué medida el derecho se hace efectivo para todos, ya que de
otra forma se niega su carácter universal; asimismo, cómo la concreción del derecho
a la educación coadyuva a la creación de sociedades más justas, contribuyendo a la
realización concurrente de otros Derechos Humanos fundamentales.
El hecho que la educación sea definida como un derecho la hace un objeto propio de
la acción pública y, en este sentido, la acción estatal cobra particular importancia. Esto lleva
a la necesidad de considerar en qué medida la operación pública, por medio de las políticas y
sistemas educativos permite:
• Alcanzar objetivos centrales de la política educativa traducidos en metas específicas;
es decir, en qué medida la operación pública logra tener eficacia. Este ámbito refiere
al logro de metas concretas como, entre otras, la expansión de la atención integral
de la primera infancia, el acceso y la conclusión universal de la educación primaria, el
aseguramiento de logros de aprendizaje de los alumnos.
• Desarrollar las acciones con apego a la necesidad de honrar los recursos que la colectividad
destina a la labor pública, es decir, en qué medida la operación pública es
eficiente.
De esta manera, este informe presenta una mirada a la situación educativa fundada
en una perspectiva de derechos y se organiza a partir de una revisión de dicha situación
prestando atención a las cinco dimensiones antes descritas. Al hacerlo, se busca asegurar
que la información educativa tenga una organización consistente con reflexiones integrales
-y no reduccionistas- sobre la educación, de modo que pueda portar mensajes significativos
que efectivamente brinden elementos para el debate público sobre la educación y permita
alimentar los procesos de toma de decisión. Al mismo tiempo, se trasciende una forma meramente
instrumental, basada en asimilar la dinámica educativa a una función de producción,
de organización de la información que ha marcado el desarrollo de los sistemas de información
educativa en las últimas décadas y que hoy se revela claramente insuficiente, en tanto limita
la capacidad informativa de los sistemas de información dadas las concepciones y desafíos
educativos actuales.
No resulta accidental que este enfoque resulte próximo a otros esfuerzos conceptuales
desarrollados en los últimos años y que, además, busque superar la sobre-simplificación imbri-
Para una revisión global, véase el capítulo 1 de EFA Global Monitoring Report Team (2004); para esfuerzos desarrollados
en la región véase, entre otros, INEE (2004); Muñoz Izquierdo (2004); Schmelkes (1996) y Toranzos (1996)
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