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La obligatoriedad atiende a una idea central de universalidad de la experiencia educativa
y, en ese sentido, aquello que se define como objeto de la obligatoriedad muestra una suerte
de “piso” o nivel mínimo de experiencias educativas sancionadas legalmente como deseables
o imprescindibles para todos.
En este marco, surge una primera reflexión vinculada a identificar quién es el sujeto
obligado cuando se habla de obligatoriedad de determinadas experiencias educativas. Las legislaciones
nacionales plantean la obligatoriedad tanto del Estado de proveer el servicio como
de los padres de asegurar que sus hijos asistan a los programas que corresponda.
Cada país de la región ha definido su propio esquema de obligatoriedad que abarca
distintas etapas o niveles educativos. En algunos casos, se centra en la asistencia, relacionándola
con las edades para las cuales es obligatoria alguna forma de escolarización; además de la
obligación del Estado de proveer los servicios educativos respectivos para cada uno de dichos
niveles educativos. Así, en casos en los que se define la de un determinado nivel educativo y
no se especifican edades de escolarización obligatoria, se podría asumir que la conclusión de
los niveles obligatorios debería ser universal con respecto al conjunto de la población y no sólo
de los niños. De esta manera, tendría que garantizarse a todos mediante programas educativos
de distintas formas y modalidades. Por otro lado, cuando sí se especifica un rango de edades
de escolarización obligatoria, cabe preguntarse cuáles son las obligaciones respecto de las personas
que han sobrepasado dicho umbral de edades y no han concluido los niveles educativos
obligatorios, ¿se les brinda canales alternativos ajustados a sus propias características?; ¿qué
pasa con un niño que debido a problemas de ineficacia e ineficiencia del sistema alcanza la
edad límite antes de culminar los niveles educativos considerados objeto de universalización?,
¿se interrumpe la obligación del Estado de brindar el servicio?
Teniendo en cuenta los marcos regulatorios y sus definiciones referidas a la obligatoriedad,
es posible identificar que todos los países de América Latina y el Caribe han establecido
como obligatoria al menos la educación primaria, manifestando así su clara voluntad de
asegurar de modo universal este nivel. Nótese, sin embargo, que como se verá (p. 97 y ss.),
esta voluntad aún no se traduce en un aseguramiento universal de la conclusión de este nivel
educativo por parte de la población.
Por otra parte, existe un creciente acuerdo en que la universalización de la educación
primaria es un mínimo insuficiente y que, consecuentemente, es necesario ampliar la universalización
de otros niveles educativos. Así, la gran mayoría de países considera también objeto
de universalización a su baja secundaria, con la excepción de siete países (Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam, y Trinidad y Tobago) En un conjunto importante de casos,
estos dos niveles educativos (primaria y baja secundaria) son además considerados como un
conjunto unificado de “educación básica.”
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