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La obligatoriedad atiende a una idea central de universalidad de la experiencia educativa y, en ese sentido, aquello que se define como objeto de la obligatoriedad muestra una suerte de “piso” o nivel mínimo de experiencias educativas sancionadas legalmente como deseables o imprescindibles para todos. En este marco, surge una primera reflexión vinculada a identificar quién es el sujeto obligado cuando se habla de obligatoriedad de determinadas experiencias educativas. Las legislaciones nacionales plantean la obligatoriedad tanto del Estado de proveer el servicio como de los padres de asegurar que sus hijos asistan a los programas que corresponda. Cada país de la región ha definido su propio esquema de obligatoriedad que abarca distintas etapas o niveles educativos. En algunos casos, se centra en la asistencia, relacionándola con las edades para las cuales es obligatoria alguna forma de escolarización; además de la obligación del Estado de proveer los servicios educativos respectivos para cada uno de dichos niveles educativos. Así, en casos en los que se define la de un determinado nivel educativo y no se especifican edades de escolarización obligatoria, se podría asumir que la conclusión de los niveles obligatorios debería ser universal con respecto al conjunto de la población y no sólo de los niños. De esta manera, tendría que garantizarse a todos mediante programas educativos de distintas formas y modalidades. Por otro lado, cuando sí se especifica un rango de edades de escolarización obligatoria, cabe preguntarse cuáles son las obligaciones respecto de las personas que han sobrepasado dicho umbral de edades y no han concluido los niveles educativos obligatorios, ¿se les brinda canales alternativos ajustados a sus propias características?; ¿qué pasa con un niño que debido a problemas de ineficacia e ineficiencia del sistema alcanza la edad límite antes de culminar los niveles educativos considerados objeto de universalización?, ¿se interrumpe la obligación del Estado de brindar el servicio? Teniendo en cuenta los marcos regulatorios y sus definiciones referidas a la obligatoriedad, es posible identificar que todos los países de América Latina y el Caribe han establecido como obligatoria al menos la educación primaria, manifestando así su clara voluntad de asegurar de modo universal este nivel. Nótese, sin embargo, que como se verá (p. 97 y ss.), esta voluntad aún no se traduce en un aseguramiento universal de la conclusión de este nivel educativo por parte de la población. Por otra parte, existe un creciente acuerdo en que la universalización de la educación primaria es un mínimo insuficiente y que, consecuentemente, es necesario ampliar la universalización de otros niveles educativos. Así, la gran mayoría de países considera también objeto de universalización a su baja secundaria, con la excepción de siete países (Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam, y Trinidad y Tobago) En un conjunto importante de casos, estos dos niveles educativos (primaria y baja secundaria) son además considerados como un conjunto unificado de “educación básica.” 51
Gráfico 1.1: Años de obligatoriedad por edades oficiales y niveles educativos según países. 2004. Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) Véase anexo de datos para los valores y notas explicativas. AG AI AN AR AW BB BM BO BR BS BZ CL CO CR CU DM DO EC GD GT GY HN HT JM KN KY LC MS MX NI PE PN PY SR SV TC TTT UY VC VG VN Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria Alta Secundaria Edades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sin embargo, incluso la obligatoriedad de la educación primaria y de la baja secundaria también es considerada insuficiente como experiencia educativa universalizable. Por una parte, se subraya el carácter crucial de la primera infancia como período en el desarrollo de las personas; y, por otra, se empieza a considerar a la alta secundaria como horizonte mínimo para todas las personas en tanto existe evidencia acerca de que los umbrales educativos requeridos para elevar la productividad e incrementar la capacidad de generación de ingresos 52
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