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ductivas rurales. Esto requiere no sólo considerar
las zonas de protección ambiental y los recursos
públicos y comunes, tales como bosques protectores,
cuencas y micro-cuencas y parques nacionales,
sino también mejorar los patrones
productivos en relación al uso de los recursos
naturales, particularmente en relación al suelo,
el agua y la agro-biodiversidad. En zonas rurales
es prioritario avanzar hacia el manejo sostenible
del suelo a fin de evitar, reparar o mitigar procesos
erosivos, de desertificación o degradación del
sustrato natural.
Reconocer la diversidad de los territorios rurales
implica también el diseño de políticas, estrategias
e instrumentos diferenciados de acuerdo
con las condiciones, potencialidades y capacidades
de distintos territorios y de sus agentes sociales
y económicos. Sin embargo, se deben evitar
respuestas aisladas en tanto que las interrelaciones
entre diversos grupos y territorios son fundamentales
para generar respuestas públicas,
privadas y colectivas que generen sinergias y
complementariedades.
Adicionalmente, desde los territorios rurales se
generan las condiciones de base para la soberanía
alimentaria. La soberanía alimentaria se sustenta
en el reconocimiento del derecho a la alimentación
sana, nutritiva y culturalmente apropiada,
para lo cual es necesario incidir en las condiciones
de producción, distribución y consumo de alimentos.
La soberanía alimentaria implica recuperar el
rol de la sociedad para decidir: qué producir, cómo
producir, dónde producir, para quién producir, con
énfasis en fortalecer a los pequeños campesinos
que, en el caso del Ecuador, son quienes producen
los alimentos de la canasta básica. En función de
ello hay que apoyar los esfuerzos por recuperar una
producción de alimentos suficiente, saludable,
sustentable, y sistemas de comercialización justos
y equitativos.
El reconocimiento de la función social y
ambiental de la propiedad, el incentivo a la
agroecología, la recuperación de tecnologías y
conocimientos productivos ancestrales, y la
diversificación productiva, deben complementarse
con la identificación y planificación de los
requerimientos de abastecimiento nacional de
alimentos, en consulta con productores y consumidores.
También es imprescindible el impulso a
políticas fiscales, tributarias, arancelarias, que
protejan el sector agroalimentario nacional que
incluya al conjunto de sectores campesinos e
indígenas, que recupere la importancia de la
producción campesina de alimentos, desarrolle
mercados locales y regionales, mejorando las
condiciones de vida de la población, principalmente
las nutricionales, para evitar la dependencia
en la provisión de alimentos.
La consolidación de la planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial
La estrategia territorial nacional se encuentra
expresada y retroalimentada desde los procesos
de planificación territorial. La complementariedad
y la subsidiariedad entre niveles de gobierno
son principios básicos de la planificación y la
gestión territorial. Así, se plantean diversos instrumentos
de planificación que incluyen a las
agendas zonales y los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial por niveles de gobierno.
Las agendas son instrumentos de coordinación
de la gestión pública, que avanzan en la identificación
de las cualidades y potencialidades de las
distintas zonas de planificación y la territorialización
de las políticas y la inversión pública. Las
agendas zonales identifican las especificidades,
particularidades y sinergias que ocurren en los
territorios a fin de impulsar acuerdos básicos
para el desarrollo territorial, el ordenamiento
territorial y la caracterización de los proyectos
estratégicos para cada región. En este nivel de
planificación el énfasis se centra en: el impulso
a las dinámicas productivas, la gestión ambiental
con énfasis en áreas protegidas y gestión de
cuencas hidrográficas; la caracterización de los
servicios públicos para propiciar la garantía de
derechos en particular aquellos relacionados con
salud, educación, nutrición, vivienda y necesidades
básicas; la identificación de inversiones en
infraestructuras que propicien la integración y la
cohesión territorial; y la planificación de los
mega-proyectos de impacto nacional. El nivel de
planificación intermedio se encuentra en proceso
de construcción y consolidación, y por tanto
remite a un debate nacional para comprender e
intervenir en relación a las dinámicas poblacionales,
históricas, productivas y ambientales.
La Constitución hace énfasis en la necesidad de que
todos los niveles de gobierno formulen su respectiva
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6. ESTRATEGIAS PARA EL PERÍODO 2009 - 2013