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Adolescentes en conflicto con la ley
El artículo 51 de la Constitución representa un
gran avance para garantizar los derechos humanos
de las personas o grupos más débiles y vulnerables,
pues reconoce el derecho de las personas privadas
de su libertad a ser tratadas como grupos de atención
prioritaria. Siendo así, la función del Estado
es la protección de la persona como ser social; por
ende, el objeto y fin del Estado es la protección
integral del ser humano.
El artículo 46 determina medidas claras encaminadas
a la protección de derechos de adolescentes,
particularmente, en relación con la
protección contra el trabajo nocivo, el uso de
estupefacientes o psicotrópicos, así como el consumo
de bebidas alcohólicas y otras sustancias
nocivas para su salud y desarrollo. Luego, el
artículo 66, referido al ejercicio de las libertades,
especifica el derecho a la integridad de las personas.
Asimismo, el artículo 77 señala garantías
específicas para adolescentes infractores, a fin de
que permanezcan en espacios separados a los de
los adultos privados de la libertad.
Tanto la Constitución como el Código de la Niñez
y Adolescencia prevén garantías para adolescentes
infractores, que aún no han logrado concretarse
en el proceso cotidiano de acompañamiento,
debido a la ausencia de políticas y lineamientos
establecidos desde las instituciones bajo cuya responsabilidad
estuvieron los centros; pero también
debido a la falta de un modelo integral de atención
que oriente al personal a cargo de su cuidado,
bajo el principio del respeto y la garantía de derechos,
con miras a favorecer la inclusión de adolescentes
a la sociedad, y el acceso a los servicios de
educación, salud, uso del tiempo libre, casa, alimentación.
A la luz de la Constitución vigente
desde 2008, y el Código de la Niñez y
Adolescencia de 2003 (que contiene, todavía,
rezagos tutelares), es posible afirmar que el sistema
de atención a adolescentes en conflicto con la ley,
en materia de garantías de derechos, sufre desde
hace años una pérdida de efectividad sustantiva
en su intervención y en sus resultados. Esta situa-
ción ha llevado a los adolescentes a sufrir violaciones
estructurales a sus derechos humanos.
Cabe señalar que los derechos y garantías establecidos
en la doctrina y principios del Código de la
Niñez y Adolescencia no han sido observados. Las
condiciones específicas para la atención a los adolescentes,
contenidas en el Libro IV del Código, no
han sido implementadas. Tampoco han sido observadas
determinadas normas internacionales (de las
cuales el Ecuador es signatario), establecidas para
garantizar los derechos humanos de adolescentes en
conflicto con la ley, que están relacionadas con las
condiciones adecuadas que deben tener los centros
de internamiento y la atención integral, efectiva y
apegada a las garantías de derechos que deben brindar
estos espacios.
Ante esto, es imperativa la adecuación del Estado
ecuatoriano hacia una atención para adolescentes
en conflicto con la ley, que garantice, en un alto
porcentaje, su derecho al debido proceso, su inclusión
social e incorporación al sistema educativo,
de salud, al trabajo (sobre todo en el caso de los
padres y madres de familia) y a la protección familiar,
a través de un modelo de atención adecuado,
oportuno y efectivo.
En relación con el manejo de la información, ni la
DINAPEN ni los centros de internamiento de
adolescentes infractores cuentan con información
sistematizada. Tampoco existe un organismo que
centralice la información. Los elementos de la
DINAPEN no manejan el mismo criterio para
definir el tipo de delito o contravenciones: escándalo
público – disturbios callejeros – riñas en la
calle; tenencia ilegal de armas – abuso de armas.
Como consecuencia, por la pobre calidad de la
información o por estar incompleta, resulta difícil
el diseño y la planificación de políticas públicas
tendientes a garantizar los derechos humanos de
los adolescentes en conflicto con la ley penal.
De la información obtenida, se establece que, de los
adolescentes detenidos/as, 88,5% son varones y
11,5% son mujeres. 57 Los adolescentes en conflicto
57 El diagnóstico denominado «Adolescentes detenidos por la Policía y los procesos de internamiento» fue realizado por
DNI Ecuador a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre enero 2007 y julio 2008. Este trabajo, además
de formalizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de
libertad, analiza el estado de información referida a la temática en diez ciudades del país; en base a la revisión de los archivos
y bases de datos proporcionados en las oficinas de la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN), que
en las ciudades de Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Nueva Loja, Ibarra, Cuenca, Loja, Tulcán, Portoviejo y Quito,
verificó un total de 4.798 detenciones.
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7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR