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Este objetivo contribuye a la consolidación del
Estado constitucional de derechos y justicia,
desde las propuestas de políticas orientadas a la
adecuación del ordenamiento jurídico con la
Constitución, hasta el fortalecimiento del pluralismo
jurídico y la institucionalización de los
principios de eficiencia, oportunidad, transparencia,
honestidad e imparcialidad en el sistema judicial.
Sobre todo, este objetivo contribuye a
garantizar el acceso igualitario a la administración
de justicia, en particular de las personas que
necesitan atención prioritaria. Así, se enfatiza
igualmente en la erradicación de toda forma de
violencia que vulnere los derechos de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades.
Finalmente, se dispone especial atención a los
derechos de las personas privadas de la libertad y
de sus familias, y se busca garantizarlos y protegerlos
a través de acción pública orientada a la reforma
integral de un sistema de rehabilitación social,
que permita generar oportunidades de integración
social y económica en este sector.
Fuente: LEXIS, 2009.
Elaboración: SENPLADES.
Este panorama del ordenamiento jurídico ecuatoriano
fomenta, sin duda, la inseguridad jurídica, lo
que, a su vez, abre un espacio propicio para la arbitrariedad
institucional, la discrecionalidad de la
autoridad pública y la consecuente violación de
los derechos de las personas.
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2. Diagnóstico
Gráfico 7.9.1: Estado de la normativa
Nivel Normativo
El proceso de elaboración de las normas jurídicas
en el Ecuador ha sido totalmente disperso, incoherente,
coyuntural, y ha dirigido la atención a
intereses políticos antes que a la búsqueda de la
satisfacción de los derechos de las personas y al
cumplimiento de las normas constitucionales y los
derechos humanos reconocidos en instrumentos
internacionales.
Esto ha ocasionado que muchas normas se superpongan,
que existan leyes que regulen temas fuera
del ámbito de su competencia y normas que pierdan
efectividad sin perder vigencia en el ordenamiento
jurídico.
Según estudios realizados por la Empresa Lexis, en
el Ecuador, existe un total de 186.420 normas. De
ellas, está vigente 61%, codificado 2%, derogado
21% y 16% perdió vigencia (Gráfico 7.9.1.).
La expedición de la nueva Constitución del
Ecuador señala un nuevo reto a la legislación
ecuatoriana. Por una parte, la Disposición
Transitoria Primera impone la obligación de expedir
un conjunto de leyes fundamentales para adecuar
el funcionamiento del Estado ecuatoriano a