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de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
para realizar voluntariamente acciones
colectivas y cooperativas de distinto tipo, a fin de
que la sociedad civil se sitúe como el eje que orienta
el desenvolvimiento del Estado y el mercado.
Esta propuesta, explicitada en la Constitución,
supera las visiones meramente estatistas y mercadocéntricas.
No solo se busca el fortalecimiento de la
organización colectiva de la sociedad, sino el ejercicio
del poder social por parte de ciudadanas y ciudadanos,
de manera consciente y deliberada.
En este contexto, el deber del gobierno democrático
pasa por estimular la participación ciudadana y la
organización social sin cooptarlas, e institucionalizar
mecanismos de participación en el Estado. Esto último
requiere el fortalecimiento y rediseño de las
estructuras y los modos de gestión pública, al igual
que la construcción de formas específicas de gobernanza
que permitan concretar los principios de participación
de la Constitución vigente.
Para ese fin, se hace necesario garantizar la generación
y el acceso a información precisa y actualizada
acerca de las condiciones de vida de la población;
afirmar e institucionalizar la obligatoriedad de la
rendición de cuentas; y vigilar el cumplimiento de
las normativas electorales y de las cuotas que garantizan
la paridad de la representación. El cumplimiento
de estos objetivos asegura el avance hacia la
consolidación de los mecanismos de participación
efectiva en todo el ciclo de la política pública.
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2. Diagnóstico
Gráfico 7.10.1. Aprobación del gobierno
Nota: En este gráfico constan solo las respuestas de quienes aprueban la gestión del gobierno.
Fuente: Latinobarómetro, 2008.
Elaboración: SENPLADES.
La vigente Constitución contiene muchos elementos
para viabilizar la participación ciudadana,
por medio de diversos mecanismos en los diferentes
niveles de Gobierno, e incidir en sus decisiones
de políticas públicas y en el control social. El
Estado ecuatoriano se enfrenta, así, al desafío de
aterrizar los preceptos constitucionales en torno
al tema de la participación, generar mecanismos
institucionales que aseguren la plena vigencia de
los derechos políticos de las ciudadanas, los ciudadanos,
las comunidades y pueblos y promover
mecanismos para la capacidad de auto-movilización
de la ciudadanía, las comunidades y pueblos.
Para ello, es indispensable dejar atrás vicios que
se puedan suscitar, como la cooptación, las relaciones
clientelares, la instrumentalización de la
participación o el ignorar los aportes, ideas o iniciativas
de esta participación para la gestión de
políticas en todos los niveles de Gobierno. Estas
realidades han sido factores estructurales que han
incidido en la desconfianza ciudadana en la esfera
de lo público-estatal y en los distintos niveles
de Gobierno.
Confianza en el gobierno y transparencia
En este ámbito, es ilustrativo el informe
Latinobarómetro de 2008. Muestra un aumento
significativo de la aprobación del Gobierno
Central en los últimos dos años: el índice se ha
duplicado entre 2002 y 2008 (Gráfico 7.10.1.).