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la nueva concepción de los derechos de las personas
y la organización estatal; al final de ese listado,
dicha disposición manda que el ordenamiento
jurídico, necesario para desarrollar la
Constitución, sea aprobado durante el primer
mandato de la Asamblea Nacional. Por otra parte,
la disposición derogatoria establece que el ordenamiento
jurídico permanezca vigente en cuanto no
sea contrario a la Constitución.
Lo anterior implica la obligación de expedir nuevas
leyes para hacer efectivo el Estado de derechos
y justicia, y desarrollar la Constitución; además
exige adecuar el ordenamiento existente, al reformar
o derogar aquella normativa que se oponga a
los preceptos constitucionales.
Políticas públicas y derechos humanos
La doctrina internacional sobre derechos humanos
reconoce algunos principios como la universalidad
e inalienabilidad, la interdependencia, la
igualdad y no discriminación, la participación e
inclusión y la rendición de cuentas e imperio de la
ley. Son esos principios los que deberían aplicarse
a lo largo del ciclo de las políticas públicas: formulación,
ejecución, monitoreo y evaluación.
Sin embargo, muchas veces, la aplicación del enfoque
de derechos humanos no se realiza en forma
completa. Por ejemplo, solo pocas políticas públicas
en el país garantizan realmente la participación
de las personas involucradas. Este es el caso de los
Comités de Usuarias de la Ley de Maternidad
Gratuita. Tampoco se rinde cuentas en todos los
casos ni es posible aplicar totalmente el imperio de
la ley. Aún es muy difícil la justiciabilidad de los
derechos: si una persona no puede acceder a la
educación, jurídicamente no hay una solución o, a
veces, cuando la hay, demora demasiado por las
falencias del sistema de administración de justicia.
Un ejemplo de ello son los juicios por alimentos
para niñas, niños y adolescentes luego de la separación
de los padres.
Además, es necesario definir estándares, es decir,
qué implica, en términos de políticas públicas,
garantizar de manera efectiva un derecho. Estos
estándares se refieren, sobre la base de normas
internacionales, fundamentalmente, a disponibilidad
(existencia del servicio, por ejemplo, para
atención de salud gratuita y universal), accesibilidad
(todas las personas sin discriminación pueden
usar ese servicio, no sólo las que viven en las ciudades,
por ejemplo) y adaptabilidad. El último
tema se vincula con la calidad del servicio en
general y su adecuación a los diversos grupos de
personas que requieren de él: étnicos, mujeres,
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad,
adultos mayores, etc. Por ejemplo, respecto
a la posibilidad de servicios interculturales,
en el Ecuador, sólo se realiza muy parcialmente
en el ámbito educativo (sistema de educación
intercultural bilingüe) y de la salud, con algunas
experiencias todavía aisladas de parto intercultural
en Otavalo y Napo. La existencia de casas de
refugio públicas para mujeres que sufren violencia
de género implicaría también un compromiso
en este sentido, que aún no se realiza.
El enfoque de derechos humanos en las políticas
públicas implica, asimismo, la identificación clara
de titulares de deberes y de derechos. El Estado es
el principal titular de deberes, garante de derechos
de una sociedad, pero la obligación de respetar
y aplicar los derechos humanos le corresponde
a toda la sociedad: individuos, comunidades,
gobiernos locales o empresas privadas. En otras
palabras, todos somos, a la vez, titulares de deberes
y de derechos; sin embargo, en cada caso particular,
se debe identificar a los principales
actores y titulares.
Sistema de justicia y atención a personas
privadas de la libertad
El modelo socioeconómico aplicado por décadas
en el país como respuesta a estructuras de poder,
exclusión, marginalidad y abandono de la sociedad,
afectó a los centros de rehabilitación social.
Así, en el ámbito penitenciario, no se ha encontrado
una política efectiva de inclusión social.
Desde décadas pasadas, se impulsaron medidas
para el endurecimiento de las penas y se propendió
a una marcada exclusión social en detrimento
de los derechos y de la calidad de vida de las personas
privadas de libertad.
La situación penitenciaria es uno de los productos
de todas las crisis que ha sufrido el país en los
diferentes sectores. Aquí se observa la ausencia
de una atención integral para las personas privadas
de libertad, que permita contar con un enfoque
humanista, así como marcos conceptuales y
metodológicos que orienten su inclusión en la
sociedad. Este escenario político y social se vio
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7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR