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Estado en la protección de la familia. Razones por
las cuales es fundamental asegurar el desarrollo
infantil integral para la plena realización de las
potencialidades humanas.
Desarrollo infantil integral
El Informe de Ecuador al Comité de los Derechos
del Niño, sobre la base de los datos oficiales disponibles
del Sistema Integrado de de Indicadores
Sociales (SIISE) y del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), muestra que la
cobertura de los programas de desarrollo infantil
llega al 14% de la población; solo la mitad de
pobres menores de seis años (400.000 personas)
acceden a los programas de atención primaria.
Uno de cada cuatro niño/as menores de 5 años
sufre de desnutrición crónica, lo que representa el
25,8% pero alcanza el 93,9% en los niños y niñas
indígenas procedentes de madres que no tienen
instrucción (SIISE, 2006). La incidencia de la
desnutrición crónica de la población indígena en
el área rural es del 45,1%, y 21,6% en el área urbana
(INEC, 2009). Las deficiencias psicomotrices
dificultan el crecimiento del 60% de niños y niñas
de hogares pobres. La mitad de indígenas menores
de 5 años tiene carencias en la estimulación cognitiva
frente al 21% de los no indígenas. De
manera que la falta de atención también cruza por
elementos de desigualdad (UNICEF, 2009).
En las provincias amazónicas, donde la mitad de
niños y niñas pertenece a alguna nacionalidad
indígena y habla su propia lengua, la deserción
escolar duplica al promedio nacional y la mayoría
de los maestros no habla los idiomas nativos. En
Esmeraldas, la escolaridad promedio es de 4,1
años, cuando el promedio nacional es 8 años y el
50% de mujeres son analfabetas funcionales.
La desprotección de la niñez y adolescencia es un
problema grave. Más de la mitad de hogares ecuatorianos
reconoce usar el castigo físico; 27,4% de
niños y niñas dice recibirlo en la escuela; al menos
tres de cada diez han sido víctimas de delitos
sexuales; existe explotación sexual aunque subregistrada
en las estadísticas; hay alrededor de 400
mil niños y niñas insertos tempranamente en el
mundo del trabajo (SIISE, 2006); el 35% de padres
y madres no comparte el tiempo libre con sus hijos
e hijas; el 22% de niños y niñas abandona su formación
al terminar la educación primaria; el 28%
de adolescentes no accede a la educación media. En
el año 2007, 21.593 adolescentes tuvieron algún
conflicto con la ley, y 3.411 de estos jóvenes fueron
considerados como menores infractores. Muchos
hijos e hijas de migrantes están sometidos a rupturas
familiares, a nuevos patrones de crianza y a nuevas
formas de consumo.
Las inequidades y los riesgos son mayores en los
territorios fronterizos, donde hay mucha violencia,
poco acceso a la justicia y grandes desplazamientos
de personas. ACNUR calcula que de los
84.000 desplazados colombianos, un 20% son
niños y niñas. En las provincias de Esmeraldas y
Sucumbíos, muchas niñas y adultas, entre ellas las
desplazadas y refugiadas colombianas, están atrapadas
en redes de explotación sexual.
Por otro lado, las personas con discapacidades se
encuentran en mayor situación de riesgo social.
Además, existe una mayor probabilidad de que un
hogar cuyo jefe/a se dedica exclusivamente a la
agricultura esté en condiciones de pobreza. Esta
situación se confirma en las zonas urbanas marginales
con personas que no tienen acceso a trabajo.
En este sentido, es fundamental cumplir el mandato
constitucional de brindarles atención preferencial
y especializada en los ámbitos público y
privado a las personas de los grupos de atención
prioritaria, y en especial a las personas en condición
de múltiple vulnerabilidad.
De acuerdo al Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS), del total de la población del
Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de
discapacidad, lo cual significa que más de 1,6 millones
de habitantes requieren de protección especial.
Por esta razón, se implementan políticas para un
«Ecuador sin barreras», que supere las limitaciones
arquitectónicas en las ciudades y ofrezca ayudas técnicas,
medicamentos, unidades de rehabilitación
especializadas, y facilidades para la inserción laboral
de las personas discapacitadas que desean incorporarse
al trabajo (CONADIS, 2009).
Una de las consecuencias de las crisis económicas es
la salida de millones de compatriotas que han buscado
oportunidades de trabajo en otros países. Según
la Encuesta de Condiciones de Vida de 2006, en el
país de cada 1.000 personas, 18 emigran; y al desagregar
este indicador a nivel provincial, se observa
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7. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR