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6.12.Poder ciudadano y<br />
protagonismo social<br />
Colocar las demandas de la sociedad civil como<br />
imperativos para la acción estatal y para el desenvolvimiento<br />
del mercado es uno de los objetivos<br />
estratégicos en el camino hacia la democratización<br />
del proceso político y la búsqueda de justicia<br />
social. Si el neoliberalismo ubica al mercado en el<br />
centro de la regulación social, y el denominado<br />
socialismo real hizo del Estado el centro de la<br />
coordinación de la sociedad, el nuevo socialismo<br />
democrático debe construirse desde las orientaciones<br />
y las necesidades que la ciudadanía, a título<br />
individual o colectivo, puedan canalizar hacia el<br />
Estado y el mercado.<br />
Colocar a la sociedad como el eje de organización<br />
de la nación –lo que supone que las demandas de<br />
la ciudadanía orientan la acción del Estado y el<br />
mercado–, significa procurar el más alto protagonismo<br />
de individuos y organizaciones sociales en<br />
las deliberaciones colectivas que conducen a fijar<br />
los criterios que orientan la producción, la circulación<br />
y la distribución de la riqueza social, y en<br />
aquellos procesos que remiten a la generación de<br />
las normas, valores y principios que rigen la vida<br />
de la comunidad política.<br />
El proceso de cambio político que vive el Ecuador<br />
debe sostenerse, entonces, en la participación<br />
activa de la ciudadanía. Esta es una de las principales<br />
perspectivas estratégicas y demandas sociales<br />
de un sinnúmero de movimientos sociales y actores<br />
políticos a lo largo de las últimas décadas. En<br />
esta perspectiva, la Constitución del Ecuador hace<br />
referencia a la construcción del Poder Ciudadano.<br />
Con dicha expresión se designa al conjunto de<br />
iniciativas de organización, participación y control<br />
que puedan emprender, de modo autónomo,<br />
los individuos y los colectivos, a fin de asegurar el<br />
involucramiento ciudadano en todos los asuntos<br />
de interés público, y procurar el pleno ejercicio de<br />
la soberanía popular.<br />
La participación queda así consagrada, a la vez,<br />
como parte de los derechos de ciudadanía, y<br />
como un nuevo principio de acción estatal y gestión<br />
pública en todos los niveles de gobierno. El<br />
texto constitucional perfila, de este modo, los<br />
grandes lineamientos de cualquier estrategia<br />
para promover e incentivar la participación ciu-<br />
dadana y el protagonismo de la sociedad en la<br />
vida pública del país.<br />
Si el dinamismo de la sociedad civil depende, en<br />
gran medida, de las iniciativas autónomas que<br />
emprendan los propios ciudadanos y las organizaciones<br />
sociales, es deber del poder público<br />
crear las condiciones institucionales y materiales<br />
adecuadas para que tales dinámicas puedan<br />
incidir efectivamente en la orientación de los<br />
procesos gubernativos.<br />
El despliegue del poder ciudadano requiere,<br />
entonces, de un rol afirmativo y proactivo del<br />
Estado en lo que concierne a:<br />
La distribución y (re)distribución igualitaria<br />
de la riqueza social: las capacidades<br />
(cognitivas, lingüísticas, reflexivas) de participación<br />
y deliberación están condicionadas,<br />
en gran medida, por el acceso pleno a<br />
servicios educativos, culturales, tecnológicos,<br />
informacionales, etc., de calidad, y a la<br />
satisfacción de las necesidades básicas de<br />
toda la ciudadanía.<br />
La transformación de las bases institucionales<br />
y de los procedimientos de gestión<br />
pública en la perspectiva de acercar el<br />
Estado a la influencia democrática de la<br />
sociedad y volverlo así susceptible de permanente<br />
escrutinio y control popular.<br />
La promoción del pliego de derechos de<br />
participación que garantiza la nueva<br />
Constitución y la puesta en marcha, junto<br />
con la sociedad civil, de procesos de formación,<br />
educación y comunicación que<br />
amplíen las competencias que los ciudadanos<br />
y las organizaciones sociales requieren<br />
para interpelar e interactuar con las instituciones<br />
públicas.<br />
El papel afirmativo del Estado adquiere mayor<br />
sentido de oportunidad histórica en un contexto<br />
en que la sociedad civil ecuatoriana parece<br />
haber agotado parte de sus energías participativas.<br />
Luego de un intenso período de movilización<br />
social –en el marco de la resistencia a las<br />
políticas del Consenso de Washington a lo largo<br />
de la década de los 90–, estaríamos, desde los<br />
inicios del nuevo siglo, ante un escenario de<br />
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6. ESTRATEGIAS PARA EL PERÍODO 2009 - 2013