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con la ley, de edades entre 14 años y 17 años,
representan 91%; y el número de adolescentes en
conflicto con la ley aumenta proporcionalmente
en relación con la edad. De esta manera, es posible
advertir que los adolescentes entre los 15 y 17
años de edad se encuentran en una edad crítica.
Un dato que preocupa es la presencia de adolescentes
menores de 14 años e, inclusive, de niños
menores de 12 años, de manera marginal, en dos
de las provincias objeto de este estudio.
En la mayoría de ciudades, buena parte de los
adolescentes privados de libertad se encuentra
por contravenciones como el escándalo público,
que supera el 35% de detenciones, y contravenciones
de tránsito, 7%. En esa condición, en un
porcentaje menor, se registran detenciones de
adolescentes por indocumentados, por encontrarse
en lugares prohibidos o por situaciones que los
agentes del orden entienden como contravenciones:
«actitud sospechosa» o «tentativa de violación».
De las causas penales por las que los niños,
niñas y adolescentes se encuentran privados de
libertad, los delitos contra la propiedad (el robo)
superan el 30%, y los delitos graves (homicidio,
asesinato o delitos sexuales) representan porcentajes
inferiores a 3%. Solo en las ciudades más
grandes del país (Guayaquil y Quito), el cometimiento
de infracciones tipificadas como delitos
va en aumento y las contravenciones son menos
representativas. En Guayaquil, 29,19% de las
detenciones fueron a causa de robo, seguidas por
el asalto y robo con 19,95%. Delitos como asesinatos,
tenencia ilegal de drogas, violación, daños
a la propiedad o violación de domicilio son significativamente
menores: entre todos, no llegan a
7%. En Quito, los adolescentes fueron detenidos,
generalmente, por delitos y no por contravenciones:
30,95% fueron detenidos por robo, y 6,85%
por asalto y robo. Porcentajes menores representan
la tentativa de asesinato, con 5,95%; el robo
y tenencia ilegal de armas, con 2,08%; y el robo y
agresión física, con 2,08%.
Luego de varios años, el análisis en mención constituye
el más reciente estudio impulsado por un
organismo del Estado para obtener datos confiables
y oficiales sobre la privación de la libertad de
niños, niñas y adolescentes en diez ciudades del
país. Este trabajo aporta elementos para un diagnóstico
inicial.
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A partir de esta investigación, se desprende que los
operadores del sistema judicial no respaldan su
actuación en el Código de la Niñez y Adolescencia,
ni en la Convención de los Derechos del Niño. La
medida de aplicación preferida es el internamiento
(privación de libertad), y no se la aplica como
medida excepcional. En este sentido, otro aspecto
que se puede determinar de la actuación jurisdiccional
es la penalización de las contravenciones.
En relación con la privación de libertad, la
Convención sobre los Derechos del Niño excluye
su aplicación como medida de protección y restringe
claramente la posibilidad de aplicarla en el
ámbito penal, como medida excepcional y por el
menor tiempo posible. Sin embargo, la persistencia
de los sistemas normativo-institucionales tutelares,
que se niegan a desaparecer, contrarios no
sólo a la Convención de los Derechos del Niño,
sino también a la Constitución de la República,
ha permitido su aplicación de manera general y ha
escondido su actuación bajo otras denominaciones
eufemísticas.
Frente a esta condición de indefensión, en la que
permanentemente se coloca a los adolescentes, la
mediación, como medida alternativa a la solución
de conflictos, está reconocida en el Título
XI del Código de la Niñez y la Adolescencia. La
mediación, vista como un proceso restaurativo,
se convierte también en una herramienta formativa
y de sensibilización cuando es aplicada de
forma adecuada. Por esta razón, en algunas judicaturas
ya se están derivando ciertos casos, especialmente
aquellos en los que no medie la
violencia como móvil de la infracción, y que
tampoco hayan causado grave alarma social. Sin
embargo, habría que analizar toda la dimensión
de su posible aplicación.
Es fundamental, en los procesos de mediación, que
la víctima y el infractor estén de acuerdo en resolver
el conflicto a través este mecanismo, es decir,
que exista la voluntad de llegar a un acuerdo que
beneficie tanto al afectado como al agresor.
Con la finalidad de emplear la mediación como
método alterno de acceso a la justicia, los centros de
mediación deberían funcionar en todos los centros
para adolescentes infractores, como una alternativa
efectiva al internamiento y al descongestionamiento
de los procesos en los juzgados.