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que Cañar es la provincia con la tasa más alta de
emigración, con aproximadamente 60 personas
por 1.000 habitantes. Le siguen las provincias de
Loja con 37, Azuay 34 y El Oro 23. Al analizar el
destino de los migrantes ecuatorianos se observa
que el 58% fueron a España, el 24% a Estados
Unidos, y un 11% a Italia.
La movilidad humana por motivos económicos es
una situación que afecta no solo al migrante y a su
familia que experimentan una condición particular
y que ahora constitucionalmente cuenta con medidas
legales específicas para proteger y promover los
derechos de las personas migrantes y las familias
transnacionales, y considera la recuperación de las
capacidades políticas, culturales, profesionales, y
económicas impulsadas desde la Secretaría
Nacional del Migrante (SENAMI, 2009).
En relación al tema de protección social, se cuenta
con programas de compensación social como el
Bono de Desarrollo Humano dirigido a madres,
beneficiarios individuales para adultos mayores y
personas con discapacidad que se encuentran dentro
de los quintiles 1 y 2 más pobres, por un valor
de 35 dólares mensuales. Se han establecido también
bonos de emergencia, para atender a poblaciones
que han sufrido un desastre natural o una
conmoción social, por un monto de 45 dólares en
dos ocasiones (MCDS, 2009).
El Plan Nacional de Desarrollo se ha canalizado con
una institucionalidad renovada con el Consejo de
Política Social, que articula a los ministerios sociales
y su coordinación. Las políticas se orientan hacia
la gratuidad y la universalización del acceso a los servicios
sociales básicos a través de iniciativas como:
el Plan Decenal de la Educación, la Estrategia
Nacional de Nutrición, el Programa de Protección
Social, la Agenda Social para la Niñez y la
Adolescencia, la Agenda Social del Adulto Mayor,
el Plan Nacional de Discapacidades, el Programa de
Salud Adolescente y la creación del Instituto
Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) como
entidad pública, y el Instituto Ecuatoriano de
Economía Popular y Solidaria (MCDS, 2009).
En un contexto amplio, se ha logrado impulsar
reformas transversales para mejorar el combate a
la malnutrición; la transformación del sistema
de capacitación para que responda a las necesidades
de empleabilidad de los tradicionalmente
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excluidos, y de mejora de la productividad; la
reforma de las organizaciones de la sociedad civil
para poder contar con sistemas de registro electrónicos
e información que permitan trabajar de
manera sinérgica.
La creación del Sistema Integral de Inclusión
Económica, que incorpora de manera coordinada
los programas de inclusión económica del
Gobierno, con intervenciones especializadas para
madres beneficiarias del bono, microempresarios,
pequeños artesanos, agricultores y ganaderos,
jóvenes, migrantes, adultos mayores y que cuenta
con un sistema de información en línea
(www.infoinclusion.gov.ec) para facilitar el acceso
a la ciudadanía (MCDS, 2009).
Democratización en el acceso
a los medios de producción
La democratización de los medios de producción
es una condición necesaria para auspiciar la igualdad
y la cohesión desde una perspectiva de desarrollo
territorial integral, que fomente un sistema
económico social y solidario. En particular, la economía
popular y solidaria conformada por los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Esta democratización facilita el acceso equitativo y
seguro a la tierra, el agua, los conocimientos y saberes
ancestrales, infraestructuras de apoyo, el crédito,
los mecanismos de comercialización con cadenas
cortas entre productores y consumidores, y se sustenta
en el fortalecimiento del tejido social que
promueve prácticas asociativas y de complementariedad
entre los distintos modos de producción.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 planteó
como meta revertir la desigualdad económica al
menos a los niveles de 1995. Se ha avanzado en
este sentido con la caída del coeficiente de Gini
por ingreso en el total nacional y en el ámbito de
lo urbano, pasando a nivel nacional de 0,53 a
0,52 entre 2006 y 2008. Sin embargo, la mayor
preocupación sigue siendo la distribución en el
sector rural.
Las áreas rurales del país presentan los mayores
niveles de pobreza y, sin embargo, son los pequeños
productores campesinos quienes alimentan al
país. Los efectos de las políticas de liberalización
del mercado de tierras y la disminución de la
inversión pública para el fomento de la pequeña y