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Si bien es cierto que esta conformación no parte
de la división político-administrativa, es un ejercicio
imprescindible para que las poblaciones del
Ecuador se miren y se reconozcan entre sí, más allá
de sus límites administrativos. De esta manera se
logrará trascender lo político-administrativo para
generar propuestas mancomunadas que transformen
el esquema territorial actual. Esta visión sin
duda, exige una colaboración voluntaria de las
autoridades locales para fomentar la capacidad de
todo el grupo urbano en beneficio de todas las
partes. Por su parte, el Estado central ha establecido
una serie de intervenciones estratégicas, que
permitan coadyuvar a la reducción de la brecha
urbano-rural, y a la universalización del acceso a
servicios básicos eficientes en salud, educación,
saneamiento, vivienda y empleo.
8.3.1. Garantía de derechos y prestación
de servicios básicos
La garantía de derechos es un elemento sustancial
a lo largo del Plan. El sistema de asentamientos
humanos policéntrico, articulado y complementario
apoya al mejoramiento de la cobertura de servicios
básicos a fin de impulsar el acceso universal
de la población a los mismos. En este ámbito tenemos
dos niveles:
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La ampliación progresiva de la cobertura de
servicios, como salud y educación, o mecanismos
de protección social, los cuales se
organizan a través de circuitos o distritos de
cobertura nacional, considerando además
los requerimientos de atención especializada
y concatenación jerárquica entre unidades
y prestaciones, de acuerdo a los grupos
urbanos establecidos. Además, se requiere
la identificación de áreas en donde, dada la
brecha histórica y la exclusión de ciertos
grupos poblacionales, se demanda una
atención intensiva o itinerante para restaurar
y promover el acceso a mecanismos de
garantía de derechos.
La dotación y mejoramiento de servicios
básicos tales como agua potable, alcantarillado
(con su respectivo sistema de tratamiento
de aguas) y manejo de los residuos
sólidos, enfatizando en las zonas marginales
de las áreas urbanas y en áreas rurales
consolidadas. Para las áreas rurales dispersas
será necesario estudiar soluciones
alternativas que permitan una mejora de
los servicios.
La planificación de los grupos urbanos debe
buscar articular funciones entre ellos, complementar
proyectos y gestionar infraestructuras y
equipamientos especializados para lograr una
mejora en las capacidades de sus territorios. Por
otra parte, los gobiernos autónomos descentralizados
deberán prever reservas de suelo para equipamientos
de salud, educación y áreas verdes
recreativas, de acuerdo a las necesidades existentes
en su territorio.
Cada tipo de red de asentamientos humanos o
grupos urbanos tiene requerimientos particulares
que le permiten potenciar sus funciones en el
contexto nacional. El cuadro que se muestra a
continuación resume las articulaciones necesarias
para reforzar, para cada tipo de grupo urbano, en
función de proyecciones de población hacia el
año 2025, identificando los requerimientos básicos
de equipamiento. El objetivo es articular las
capacidades nacionales desde una visión que
potencia la complementariedad, para lo cual se
plantea una distribución selectiva de infraestructuras,
procurando equilibrar las intervenciones en
el territorio.