S6dl99

desactivación de las dinámicas participativas,
asociativas y organizativas. En efecto, si en el
año 2001 casi 34% de los ecuatorianos manifestaron
haber participado en «comités pro-mejoras»
o «juntas de mejoras para la comunidad»;
para el año 2008 este indicador se ubica en
26,6%, colocando al país por debajo del promedio
regional de participación que es del 29,6%.
De igual modo, se observa que si para el 2001 el
5% de los encuestados asistía semanalmente a
reuniones en dichos comités, en el año 2004
solo lo hacía el 3,8% y para el año 2006 este porcentaje
se ubicaba en 2 puntos. La tendencia se
repite para otras instancias asociativas. 37
Ante tal escenario, el rol proactivo que pueda
cumplir el Estado en la promoción de la participación
social aparece como una tarea ineludible.
Esto debe darse en el marco del respeto irrestricto
a los principios de pluralismo, autonomía y
auto-determinación que se tejen desde la sociedad
civil. Dicho respeto depende, a su vez, de
fijar con claridad los criterios y las condiciones
–espacios, procedimientos, contenidos,
fines– en que van a desenvolverse las interacciones
entre sociedad y Estado. La Constitución
establece una multiplicidad de instancias y
mecanismos para canalizar tal interacción.
Durante los próximos cuatro años de gobierno
(2009-2013) deberán, entonces, apuntalarse y
activarse de modo democrático, sostenido y eficiente,
tales espacios. La transformación del
Estado ecuatoriano en un Estado participativo se
sitúa en el corazón del proceso para contribuir a
la reconstrucción del poder ciudadano y al
incremento del protagonismo social. Tres líneas
de acción estratégica deben ser movilizadas en
esta perspectiva:
132
El reconocimiento democrático de todos
los espacios y dinámicas de organización y
participación ciudadana –tengan o no
ciertos niveles de institucionalización– y
la creación explícita, donde no existan,
de nuevos espacios y arreglos institucionales
en que pueda producirse la interfaz
entre sociedad y Estado. En tales espacios,
movimientos, asociaciones, ciudadanos y
agentes e instituciones gubernamentales
encaran procesos de negociación y deliberación
pública que orientan la toma
colectiva de decisiones en diversas esferas
temáticas. En tales esferas se construye el
interés general. La nueva Carta Magna
habla, en este sentido, de la obligatoria
creación –en todos los niveles de gobierno–,
de instancias de participación integradas
por autoridades electas,
representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad civil; instancias
encargadas de elaborar las líneas
estratégicas de las políticas públicas,
mejorar la calidad de la inversión pública,
definir agendas de desarrollo, elaborar
presupuestos participativos y propiciar
procesos de rendición de cuentas (art. 100
y art. 279). El Gobierno Nacional –y los
gobiernos locales– deberán transformar
sus modos de funcionamiento y sus procedimientos
de gestión de cara a dar cabida
a tales instancias de participación social,
deliberación pública y control popular.
La construcción y puesta en funcionamiento
del sistema nacional descentralizado
de planificación participativa del
desarrollo aparece como un elemento de
fundamental importancia para refundar
las bases y los procedimientos del Estado
participativo. Las tareas estatales de planificación
suponen un proceso de diálogo,
convergencia, y negociación entre los
múltiples actores sociales y gubernamentales
que se desenvuelven en el nivel
nacional, regional y local de la política.
37 Ecuador aparece, al mismo tiempo, como el país latinoamericano en que más personas (52%) señalan no haber participado
nunca en ningún tipo de organización ni política, ni social. Lo mismo sucede con lo relativo a la participación en
protestas o «manifestaciones autorizadas»: apenas un 5% de los ecuatorianos afirma haber tomado parte en este tipo de
espacio participativo, el más bajo de la región. Dicho porcentaje se extiende a 9% cuando se pregunta si han «participado,
en cualquier tipo de protesta en los últimos 5 años». Al observar la participación ciudadana en los gobiernos locales
–tal vez la escala más apta para el desenvolvimiento y el análisis de la participación social– la tendencia se repite:
en los últimos siete años, la participación en el gobierno local decayó aproximadamente en un 47 por ciento: del 10,8
en el 2001, al 5,7 en el 2008 (Latinobarómetro, 2008).