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(Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics,
2006). Las zonas de mayor riesgo de contaminación
por derrames de petróleo se encuentran en
Esmeraldas, Manta, la Península de Santa Elena y
el Golfo de Guayaquil. Solo en el Río Guayas y el
Estero Salado se estima una descarga de 200.000
galones de aceite por año. La extracción de especies
del mar sin ningún control es otra de las
grandes amenazas a la biodiversidad. Las especies
explotadas muestran cambios en su estructura
poblacional, con una reducción significativa del
número y tamaño de los individuos, la interrupción
en la frecuencia de tallas y reducción de la
edad de madurez sexual (Terán et al., 2004). Un
serio problema representa la pesca ilegal de
pepinos de mar y de tiburones en el Archipiélago
de Galápagos. Algunos estudios realizados en el
país identifican la existencia de rutas y mecanismos
furtivos e ilegales de pesca y comercialización
de aletas de tiburón.
El Informe 2000 (Ministerio del Ambiente y
otros, 2001) advierte cifras de deforestación con
tasas anuales subnacionales entre 1,7 (238.000
has) y 2,4 (340.000 has). Solo en la provincia de
Esmeraldas se han deforestado más de 700.000
has de bosques nativos desde 1960 (Larrea,
2006). También en las provincias centrales del
Ecuador, como Cotopaxi, se han calculado tasas
de deforestación que llegan a 2.860 has anuales
(Maldonado Martínez, 2006). En el 2003 los
bosques nativos representaban el 13,26% de la
superficie nacional, de los cuales, 6’785.563 has
se superponen con comunidades afroecuatorianas
y pueblos indígenas. De acuerdo con los
datos sostenidos por la Coordinadora Nacional
de Defensa del Manglar (2005), el 70% de las
zonas de manglar y áreas salinas desaparecieron
entre 1969 y 1999. Las provincias que mayor
pérdida del manglar han tenido son Manabí, con
220
el 85% de su superficie, y El Oro, con el 46%. En
cuanto a magnitud, la mayor pérdida la ha sufrido
Guayas con una reducción de 19.856 has y El
Oro con 16.175 has.
Según el Programa de Modernización de los
Servicios Agropecuarios (2001), los pastos plantados
y los cultivos de ciclo corto ocupan el 23,7%
del total de la superficie del país, y la arboricultura
el 6,2%. El restante 9,1% son cultivos de
arroz, palma africana y camaroneras. El 5,3% de la
superficie se encuentra erosionada o en proceso de
erosión, principalmente en la región Sierra
(Sáenz, 2005). El bosque húmedo de la Costa ha
sido ocupado en más del 75% para la agricultura,
seguido por el bosque seco occidental y la vegetación
interandina con más del 70% de ocupación.
De acuerdo al Análisis Ambiental País
(Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics, 2006),
el sector agropecuario es uno de los más desprovistos
en términos de inversión, recuperación del
suelo y mejora de la calidad productiva. En consecuencia,
encontramos un avance indiscriminado
de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas
remanentes. Un cultivo de rápida expansión ha
sido la palma africana, con más de 207.285,31 has
acumuladas según el censo de ANCUPA en el
2005, lo que ha significado la conversión de 8.000
has de bosque nativo (Barrantes, 2001). Así
también, el cultivo de flores y otros productos no
tradicionales registra altos impactos sociales relacionados
a la modificación de patrones de producción
(la OIT registra, en el 2002, la presencia
de 6.000 niños y adolescentes en floricultoras).
Entre tales impactos cabe señalar la salud de los
trabajadores, contaminación en el uso de agua
para riego e impactos en la seguridad alimentaria
por reducir el mercado nacional de productos agrícolas
a favor del aumento del mercado internacional
(Barrantes, 2001).