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Por lo pronto, el triunfo de Rafael Correa y
Alianza País (AP) en las elecciones presidenciales
del último trimestre de 2006 abrió el abanico de
oportunidades para el «relanzamiento de la acción
pública», como principal detonante de una estrategia
de desarrollo heterodoxa, cuyos fines últimos
son la promoción del Buen Vivir y la realización
de las capacidades individuales y colectivas, en el
marco de un acceso igualitario a los recursos y a las
oportunidades sociales.
4.2.3. Sentidos y avances de la
nueva acción pública:
la Constitución como horizonte
En los 31 meses transcurridos desde la asunción al
mando del presidente Correa, el relanzamiento ha
implicado un progresivo retorno estatal al primer
plano de la escena política. En la agenda interna,
se ha apuntado hacia el reestablecimiento de las
capacidades estatales de planificación del desarrollo,
de regulación y control de los sectores estratégicos
de la economía, y de distribución y
(re)distribución de la riqueza social. En el ámbito
de la política exterior, se ha avanzado en la concepción
de una estrategia geopolítica que impulsa
diversos procesos de integración regional, así como
una inserción soberana en el contexto global.
El esbozo y la puesta en marcha de una nueva
agenda pública ha supuesto, sin embargo, una
intensa disputa política con los partidos tradicionales
y las élites ecuatorianas: círculos empresariales,
bancarios, financieros, mediáticos –afines a las
ideas liberales dominantes a lo largo de los noventa–
e incluso diversas agencias estatales, corporaciones
y sectores burocráticos comprometidos con
el viejo orden han desafiado y bloqueado abiertamente
las extensas expectativas de cambio impulsadas
por el nuevo gobierno. La estrategia
antisistémica y el discurso antineoliberal que
Rafael Correa promocionó desde el inicio de la
campaña electoral del 2006 lo situaron siempre en
las antípodas del poder establecido.
Apoyados en un sólido respaldo popular y favorecidos
por la inmensa debilidad del sistema de partidos,
Rafael Correa, el movimiento político Alianza
País (AP) y el gobierno asestaron diversos golpes a
la estructura de poder que sostenía el modelo de
Estado y de desarrollo de la década de los noventa.
Las decisiones políticas del régimen lo ubican,
entonces, por fuera de la pugna hegemónica entre
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los dos sectores de las clases dominantes que se han
disputado el poder, prácticamente, desde el retorno
de la democracia en 1979: el polo de intereses económicos
articulado en torno al Partido Social
Cristiano, al que se sumaron en su tiempo la
Izquierda Democrática y la Democracia Popular; y
el polo que inicialmente giró en torno a Abdalá
Bucaram y terminó expresándose con Álvaro
Noboa, por medio de un Lucio Gutiérrez que
hacía de doble comodín, tanto en la articulación
del bloque como en los nexos entre este y el polo
Partido Social Cristiano (Unda: 2008).
El gobierno ha enfrentado, con mucho éxito, a
este amplio bloque de poder. La incautación
estatal de casi 200 bienes del poderosísimo grupo
Isaías (septiembre de 2008) y el cobro de la deuda
pública de dicho grupo reafirmaban la defensa de
los intereses públicos y la vocación antioligárquica
de la Revolución Ciudadana. Se retomaba, a la
vez, la tarea inconclusa que dejaron los gobiernos
nacionalistas militares de los años sesenta y
setenta, que diezmaron únicamente la estructura
de poder de los terratenientes serranos en relación
con la democratización de las relaciones económicas
y políticas en el Litoral. En tal opción se
delinea una efectiva ruptura con la matriz de
poder social que sostuvo el ciclo neoliberal.
La derrota electoral de los partidos políticos –del
centro a la derecha–, que inauguraron el régimen
democrático en 1979, durante los comicios convocados
para la elección de los representantes a
la Asamblea Nacional Constituyente en 2008, el
deterioro del espacio de representación de las
formaciones derechistas surgidas a fines de siglo
(Partido Renovador Institucional Acción
Nacional, Partido Sociedad Patriótica) y la afirmación
de una nueva fuerza política progresista
(AP), acompañada, no sin tensiones, por otras
pequeñas fuerzas de izquierda en el seno de la
Asamblea, reflejan la configuración de una
nueva correlación de fuerzas en el Ecuador del
siglo XXI.
De este escenario, surgió el proyecto constitucional
presentado al país la última semana de julio
de 2008 y ratificado el 28 de septiembre de ese
año. Descontando la ratificación del presidencialismo
como régimen político, la Carta Magna
avanza, entre otros elementos, hacia cuestiones
ligadas con: