Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

136.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
desde otros gobiernos en Latinoamérica, favoreciendo
además la integración regional como
estrategia superadora en esta etapa en la cual el
mundo se organiza en bloques continentales.
Desde el Estado es necesario sostener la red
solidaria entre los emprendedores. Se debe
cambiar la escala al tiempo que se fortalece a
los emprendimientos, para que sean más competitivos
y que sus productos se comercialicen
en ferias permanentes con conciencia de que se
ofrece calidad y sustentabilidad. No se trata de
una economía de pobres para pobres. La lógica
de organización de los emprendimientos es el
sostenimiento de esa fuerza de trabajo basado
en las capacidades de los grupos que han sido
expulsados del mercado laboral.
En este marco, el microcrédito no se limita
a simplemente dar dinero a los sectores más
desprotegidos, como un paliativo. El microcrédito
es una herramienta que ayuda a sustentar
una política de acompañamiento a las
familias y a los emprendedores de la economía
social que llevan adelante sus iniciativas y que
de otra forma no tienen acceso al crédito. El
microcrédito, además, tiene un recupero de
los fondos rotativos del 98% y es de alto impacto
en el desarrollo local.
La ley 26.117 de Promoción de Microcrédito,
marcó un antes y un después en la promoción
y desarrollo de la economía social, facilitando
el trabajo conjunto con las organizaciones
pioneras y con aquellas surgidas con posterioridad,
así como también con otras áreas gubernamentales.
Muchas de las organizaciones
ligadas a la Economía Social están acostumbradas
a la lucha porque vienen de los espacios
de la resistencia a las políticas neoliberales.
Y resulta necesario seguir organizándose
para brindar apoyo a las economías regionales
y contribuir a sacar de la pobreza y la marginalidad
a los sectores más desprotegidos de
la sociedad, siendo cada vez más creativos en
los esquemas que se instrumentan. Por ello, se
presenta como esencial la valoración de la unidad
regional latinoamericana y el logro de una
visión compartida de políticas públicas y sociales.
Indudablemente, las problemáticas de-
tectadas a nivel regional tienen dos caras: Por
un lado, el rol fundamental de los Estados
en la implementación de las políticas públicas
que coadyuven al desarrollo y fortalecimiento
de este sector en igualdad de condiciones
frente a otros sectores; y por el otro, la toma
de conciencia por parte de las sociedades sobre
la imposibilidad de lograr un desarrollo
sustentable sin modificar las relaciones interpersonales,
incorporando la consideración
de relaciones de producción más solidarias y
equitativas, con cuidado del medio ambiente.
Al mismo tiempo, cabe subrayar que este modelo
que llevan adelante los actuales gobiernos
latinoamericanos, opta por el desarrollo a partir
del crecimiento del mercado interno y de
la integración latinoamericana.
En esta lógica, además, hacia adentro del país,
se estima de suma importancia para la implementación
de las políticas públicas que se llevan
a cabo desde el gobierno nacional, el rol
de los Estados Municipales como promotores
y garantes del desarrollo local y de la integración
regional dentro del territorio nacional.
Los gobiernos locales son actores principales
en la generación de oportunidades de articulación
de políticas socioeconómicas, ya que son
los que más cerca están de las comunidades y
por lo tanto, quienes mejor conocen sus dificultades
y sus potencialidades.
La economía social debe ser considerada
como una política pública de largo plazo, ya
que implica dar la batalla cultural contra las
prácticas que están muy arraigadas en el sistema
económico capitalista y que atraviesan,
por tanto, el sistema de la economía popular.
Es fundamental que el Estado promueva también
dispositivos de fomento de esta forma de
organizar el trabajo, la producción y el consumo
responsable.
Las cajas cooperativas son un modelo de gestión
que articula democracia y eficiencia. Contribuyen
a la generación y consolidación de redes
sociales y a un proceso de cambio cultural en
pos de que los argentinos y los latinoamericanos
puedan salir adelante con un modelo propio, sin
subordinación al capital concentrado extranjero.