Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

152.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
LA INTEgRALIDAD
DE LAS POLÍTICAS
PúBLICAS. UN
ENfOqUE DESDE
EL mINISTERIO
DE DESARROLLO
SOCIAL DE
ARgENTINA
Daniel Ezcurra (Ministerio de
Desarrollo Social -Argentina), Felisa
Miceli (Cemop – Argentina), Roberto
Díaz (Ministerio de Educación –
INET - Argentina), María Lucila
Colombo (Subsecretaría de Defensa
del Consumidor -Ministerio de
Economía de la Nación - Argentina),
Lic. Roberto Ghetti (Ministerio de
Desarrollo Social- Secretaría de
Economía Social - Argentina), Lic.
María Cecilia Velázquez (Ministerio
de Desarrollo Social- Jefa de
Gabinete - Argentina), Dr. Patricio
Griffin (Ministerio de Desarrollo Social
- INAES)
Las políticas públicas son la columna vertebral
de un Proyecto de País y son, además, la
intersección entre el Estado, las organizaciones
sociales y la gente.
En la década de los 90, el modelo neoliberal,
aunque se presentaba como un modelo económico,
excedía ese ámbito, interviniendo y modificando
las relaciones institucionales y sociales,
bajo una óptica de asistencia focalizada en lugar
de justicia social y de ideología del “sálvese quien
pueda” en lugar de valores de solidaridad.
Las políticas económicas definidas en ese período,
con sus consecuencias de cierre de miles
de empresas, son las principales causantes de
la pobreza que actualmente sufre el país. No
obstante, estas consecuencias, en aquél momento
no fueron vistas como tales sino más
bien como efectos no deseados, sobre los cuales
debían intervenir las políticas públicas sociales
que fueron de tipo asistencial, focalizadas.
En materia de educación, la política pública
de esa década dejó de lado la formación técnica,
lo cual se manifiesta en la ignorancia de
este tipo de educación en la Ley Federal de
Educación sancionada en ese período.
Esa lógica de las políticas públicas de la década
de los 90 respondía a que en ese momento,
el modelo cumplía el rol de garante del capital
y garante del libre mercado, en lugar de
ser garante de la justicia social. Por ello, las
políticas públicas en general perseguían ese
objetivo fundamental y específicamente las
políticas públicas en el ámbito social, las que
se focalizaban en la atención de los excluidos
del sistema, es decir, eran políticas públicas
transversales que respondían a intereses de
sectores concentrados. En este contexto, nacen
gran parte de las organizaciones sociales
más activas actualmente.
Hoy el Estado se encuentra en proceso de reforma
y transformación, desterrando la concepción
neoliberal a través de la definición de
un nuevo rol del Estado como garante de un
nuevo proyecto de país con justicia social.
Para lograr esto, es preciso establecer una
nueva relación entre el Estado y las organizaciones,
fortaleciendo su rol y su participación
activa conjunta para la definición de las políticas
públicas, contribuyendo así a la mejor redistribución
del ingreso. Para las organizaciones
sociales, este nuevo rol implica un desafío
importante y renovador.
En materia educativa, el Estado debe asumir
la responsabilidad de la formación técnica y
el sistema federal implica responsabilidades
compartidas, lo que actualmente se traduce
en un rol activo del Consejo Nacional de educación,
que provee uniformidad federal a la
política de educación.
Adicionalmente, en el año 2005 se sanciona
la ley de educación técnico – profesional para