Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

40.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
latinoamericana y sostener políticas de crecimiento
con distribución de la riqueza, resulta
imperioso involucrar al Estado tanto para generar
condiciones de regulación, fiscalización
y democratización de la economía, como para
realizar acciones de promoción social, equidad
territorial y organización popular que generan
condiciones para el desarrollo sustentable de
nuestras sociedades. Planteado como política
pública, esta transformación del Estado requiere
tanto de una batería de leyes (principalmente
de servicios financieros y reformas
tributarias que desgraven el consumo popular
y favorezcan la producción nacional), como
de políticas activas que sean efectivas con alcance
masivo en su aplicación. A la vez, una
redefinición de la articulación público-privado
en tareas de promoción social y productiva,
una fuerte inversión combinando subsidio
y crédito para el sector de la economía social y
solidaria y una ofensiva tecnológica adecuada
a las nuevas condiciones socioproductivas que
requieren las políticas de integración social.
Cambiar el aparato del Estado, transformar
las condiciones de producción y distribución,
mejorar las condiciones del empleo y el salario,
desarrollar un sistema de finanzas solidarias
y de fomento a la producción, son tan
importantes como fortalecer el protagonismo
de las organizaciones sociales que surgen de
los diversos procesos asociativos de economía
social y solidaria, porque son vehículos de organización
popular, transformación del Estado
y construcción de la política pública.
La distribución de la riqueza no se realiza por
decreto ni por mero hecho voluntario o administrativo,
como pretenden los conservadores
que reducen el problema a la simple contención
de la pobreza (Banco Mundial, por
ejemplo), o como esgrimen los neoliberales
que tratan de sostener el perverso sistema de
la concentración financiera mundial (Grandes
Bancos y Fondos de Inversión, FMI). Tampoco
con el voluntarioso paradigma productivista
(BID). Para expresarlo claramente, la distribución
de la riqueza es una conquista social.
Es resultado de la puja de intereses sectoriales
y corporativos que disputan el ingreso nacional,
los recursos estratégicos y la renta industrial,
comercial y financiera. En esa lucha se
enmarca la necesidad de acelerar el proceso de
integración regional, a la vez que promover
del desarrollo de la economía social y solidaria,
porque se requiere del protagonismo de
las organizaciones sociales para la construcción
de poder popular.
Por eso, el desafío actual es profundizar estas
políticas públicas que transforman la composición
del Estado a la vez que fortalecen procesos
organizativos en los sectores de la producción
y del territorio. Hoy, más que nunca,
se necesita una Economía Social y Solidaria
protagonista del desarrollo sustentable: que
alcance escala productiva, con calidad y capacidad
de sostener precios populares que favorezcan
la calidad de vida de las grandes mayorías.
Sostener políticas activas que acompañen
con asistencia técnica, capacitación, créditos,
tecnología adecuada, apoyo a la comercialización.
Políticas que fortalecen la organización
productiva, social y política del sector, que
propician el desarrollo de una fuerza social
productiva transformadora, comprometida
con la comunidad, el trabajo, el acceso a la
tierra y el cuidado del medio ambiente.
En momentos en que la crisis mundial se
agudiza porque el poder concentrado global
sostiene sus políticas neoliberales de ajuste
fiscal y “salvataje” del actual sistema financiero
internacional, provocando en Europa y el
Norte de África la aparición de fuertes movilizaciones
populares que resisten las ya conocidas
medidas de exclusión social; hoy, América
latina dispone de la oportunidad histórica de
transformar sus economías productivas subordinadas
a la exportación concentrada de
commodities, desarrollando políticas de soberanía
y planificando un desarrollo sustentable,
de crecimiento sostenido con justicia social y
equidad territorial.
Es posible plantear la integración regional desde
la economía social y solidaria si se acepta el
desafío de delinear líneas estratégicas que permitan
integrar procesos productivos y servicios