Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

174.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
eL roL deL estado y Las
CondiCiones Para La
sustentabiLidad de Los
Programas
Un modelo posible de intervención es el que
postula que la acción de un Estado promotor
es compatible con el desarrollo de esquemas
crecientemente sustentables, como medio
para potenciar a muchas organizaciones que
desean desarrollar proyectos autónomos subordinados
a la misión del desarrollo. Se considera
que la población emprendedora tiene
las capacidades de generación de rentas que
serán consolidadas y ampliadas a partir de
su acceso al crédito. Una población que, llegado
el caso, estará en condiciones de pagar
una tasa de interés moderada que facilitará
la financiación de los programas locales y su
mantenimiento en el largo plazo. O sea, una
actividad productiva genuina que en el futuro
no dependerá o dependerá solo parcialmente
de la ayuda pública.
En el contexto actual, el fuerte compromiso
del Estado se expresa en una política de subsidios
que cubre los aspectos financieros más
urgentes de las organizaciones locales. Sin embargo,
cabe preguntarse: ¿Qué pasaría si no
persistiera esta política de subsidios?
Normalmente, los programas que surgen en el
marco de estas iniciativas se encuentran sujetos
a una única fuente de financiamiento estatal,
lo cual es muy positivo pero los expone a un
alto grado de dependencia. Para aquellos que
deseen generar esquemas más independientes
con crecientes márgenes de autosuficiencia,
este deberá ser un paso transitorio para avanzar
en dos sentidos: la escala necesaria de la
cartera de microcrédito y la diversificación de
sus fuentes de financiamiento. Sin embargo,
en el país existen limitantes estructurales que
habrá que trabajar para avanzar en esta dirección,
dadas por la necesidad de desarrollar e
incluir nuevos actores sociales y herramientas
de apoyo en el sector.
El crecimiento de las organizaciones socia-
les que administran programas de microcrédito
en los últimos años, en su calidad
institucional y en su cobertura territorial, es
el fruto de un esfuerzo conjunto entre éstas
y las políticas de Estado que han potenciado
estos procesos. En este orden resulta central
la Ley nacional de Microcrédito Nº 26117,
que crea la Comisión Nacional de Microcrédito,
desplegando así una política inexistente
hasta entonces. La profundización y
el enriquecimiento de ese proceso fue revirtiendo
la situación de los emprendedores y
del sector de la EPS, consolidando capacidad
instalada en los territorios.
Esta capacidad instalada se relaciona con la
posibilidad de llevar adelante abordajes integrales,
que combinen estrategias múltiples (así
como las unidades domésticas llevan adelante
estrategias múltiples), que incluyan la inversión,
la capacitación, la asistencia técnica, la
comercialización e intercambio, la construcción
de conocimiento y la incidencia política
sectorial en los niveles o escalas en que se desempeñe
la misma.
A partir de las restricciones con las que se enfrenta
el sector, surge la necesidad de contar
con instrumentos permanentes y cualitativamente
potentes que generen procesos de
inversión, que permitan (vía microcrédito,
subsidio, etc.) la capitalización de los emprendimientos
en el marco de las unidades domésticas.
De forma tal que puedan financiarse
las necesidades de los distintos procesos de la
gestión del emprendimiento, como las necesidades
de la reproducción de la vida.
Complementariamente a estos procesos
de inversión, se precisa la movilización
de recursos estratégicos locales, que por
lo general son apropiados por los sectores
económicos más organizados y concentrados
como ser, los espacios centrales de los
pueblos y ciudades, el control de los negocios
más rentables o de los eslabones de la
cadenas de valor que dejan mayores ganancias
y externalizan mayores costos hacia los
actores mas débiles, que generalmente son
los emprendedores.