Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

42.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
y se constituyen en el principal sostén de la Economía
Solidaria, la Soberanía Alimentaría y la
Producción del Hábitat Popular. En definitiva,
son las organizaciones de la economía solidaria
las que generan mayor cantidad de puestos
de trabajo (con menor nivel de inversión por
puesto), organizan la producción y distribución
en forma equitativa, y además, como si
fuera poco, no depredan nuestros recursos naturales:
la tierra y el agua.
A partir de la instrumentación del modelo de
crecimiento con inclusión social, el trabajador
autogestivo, en tanto sujeto de la economía
social y solidaria, se posesiona como una
fuerza socio-productiva amplia, heterogénea,
diversa, que aún debe superar la etapa de resistencia
al modelo neoliberal y agruparse para
consolidar y profundizar el Proyecto Nacional
y Popular que lo reconoce como sujeto de
cambio. En la medida que las organizaciones
sociales se organicen gremial y políticamente,
se vinculen comercialmente, potencien su
entramado social con procesos organizativos
más consolidados y se vinculen estratégicamente
con las PYMES, con el movimiento
obrero y demás actores de la transformación
social, la fuerza de la economía social y solidaria
resulta sustancial para profundizar el
proceso de integración regional y avanzar en
la distribución de la riqueza en la Argentina y
en América Latina.
eL miCroCrédito Como
herramienta Para
eL desarroLLo de La
eConomía soCiaL
Nos diferenciamos del sistema de las microfinanzas
(modelo neoliberal) y del combate la
pobreza (modelo conservador). Por diferentes
caminos, ambas concepciones centran su accionar
en el funcionamiento del instrumento y en
la rentabilidad de las entidades crediticias con
la finalidad de sostener las operatorias; ambas
visualizan al emprendedor desde la perspectiva
del sistema económico vigente (competitividad
y caridad) y entonces creen que la relación costooportunidad
justifica el cobro de altas tasas de
interés (las más usureras superan el 100 %, las
otras van del 30 al 70 % anual) o recupero de
gastos (más del 20% anual). Unas apuestan a “la
salida individual” del emprendedor y otras a la
contención comunitaria. Las dos concepciones
coinciden en reducir la problemática a la necesidad
financiera del cliente/beneficiario, rechazan
la intromisión del Estado en el desarrollo de estos
sistemas financieros (lo señalan como clientelismo),
y descreen de la capacidad autogestiva
de las organizaciones libres del pueblo. Unos
pregonan la “industria de la microfinanzas”,
otros, la diseminación del “banco de los pobres”.
Nuestra concepción entiende al microcrédito
como herramienta para el desarrollo de la
economía social y solidaria. Centra la sustentabilidad
de la operatoria en el desarrollo de
la persona, en la familia productora y/o en el
trabajador organizado; se asume la subsidiariedad
del Estado como una inversión de la
política pública que posibilita un sentido político
a la distribución del ingreso; se vincula
al Estado con las organizaciones sociales en un
modelo de gestión asociada que transforma de
manera reciproca la relación público–privado;
se fomenta la organización de los emprendedores,
pequeños productores, cooperativistas
con una mirada integral de desarrollo territorial;
se subsidia la implementación de fondos
públicos de microcrédito administrados por
organizaciones sociales que pueden aplicar
hasta el 6 % de interés anual, en una clara definición
política de subsidio de tasa.
El microcrédito es una herramienta que, en manos
de organizaciones sociales, se convierte en
un mecanismo de respuesta directa e inmediata
a las necesidades del trabajador autogestivo y de
la producción colectiva. Combinado con otras
herramientas de promoción social (capacitación,
comercialización, monotributo social, etc.) potencia
el desarrollo de la organización popular
para avanzar en la distribución de la riqueza.
Esta manera de concebir al microcrédito para
el desarrollo de la economía social y solidaria,