Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

182.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
esa jornada se trabajó junto con organizaciones
sociales y estatales que ya trabajaban con
microcrédito y surgió la evidente necesidad de
un marco jurídico y normativo para la financiación
a través del microcrédito. También se
destacó entonces el rol del Estado como promotor
de microcrédito, las exenciones impositivas
y la capacitación. Estas fueron las bases
de la ley 26.117. Hoy esta ley tiene 22 leyes
provinciales, es decir que la ley nacional se ha
federalizado.
La preocupación por mejorar la inserción de
los emprendimientos de la Economía Social
en los mercados, agregando valor a sus productos,
es un objetivo central de la Ley de
Marca Colectiva Nº 26.355 sancionada en el
2008 por el Congreso Nacional. La ley define
como marca colectiva a todo signo que distingue
los productos y/o servicios elaborados o
prestados por las formas asociativas destinadas
al desarrollo de la economía social. Es un símbolo
que identifica a un producto o servicio
y que lo distingue por medio del registro en
el organismo creado al efecto en 1970 (Ley
de Marcas y Designaciones Nº 22.362). Solamente
puede solicitar y ser titular de la misma
un agrupamiento constituido por productores
y/o prestadores de servicios inscriptos en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social, creado por el Decreto
del Poder Ejecutivo nacional Nº 189/2004.
Es requisito estar inscripto en el MDS como
efector de la economía social, y no es requisito
ser monotributista social. La ley se dirige a
asociaciones productivas de la economía social
que se encuentren desarrollando un emprendimiento.
El registro es gratuito y la autoridad
de aplicación es el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial. La Ley pretende el
rescate de lo tradicional trabajado por grupos
de emprendedores que toman decisiones comerciales
y estándares compartidos. Ejemplos
de agrupamientos de emprendimientos que
han obtenido la marca colectiva son “Tupac
Amaru”, “Melosa” y “Mercado de la Estepa”.
La ley 4.499 de Mercados Productivos Asociativos
de la Provincia de Río Negro, da un salto
cualitativo importante en materia de una nueva
institucionalidad para la Economía Social.
En este sentido si bien contempla acciones
específicas referidas a los mercados, como la
creación de un Registro Provincial, la asignación
de un fondo especifico dentro del presupuesto
provincial, la difusión publica sobre
programas, condiciones y recursos disponibles
para estos mercados; tarifas diferenciales en
impuestos y servicios públicos, acuerdos de
integración entre distintos Mercados Productivos
Asociativos (MPA) para aumentar el ingreso
y diversificar la producción, entre otras
previsiones, va mas allá al plantearse que desde
la intervención del Estado, se desarrollen
herramientas programáticas específicas para
el apoyo y la promoción de artesanos y pequeños
productores del sector de la Economía
Social, que permitan que, de manera asociada,
puedan satisfacer sus necesidades y generar su
desarrollo en base a la producción y sustento
de cada región en particular.
Lo que busca la ley es que el Estado reconozca,
institucionalice y brinde un marco jurídico
al sector de la Economía Social, considerando
a los artesanos y pequeños productores
como sujetos de derecho. El Estado garantiza
estos derechos a través de la promoción de la
actividad económica de estos sujetos y no a
través de programas asistenciales.
Para ello, la Ley establece que el Estado pon
a disposición de las organizaciones, capacitaciones,
créditos y subsidios, fácil acceso a espacios
de comercialización, designación de un
presupuesto para fomento y fortalecimiento
del sector, tarifas de impuestos diferenciales,
transporte más barato, nueva regulación de
las normas sanitarias y bromatológicas, difusión
y articulación entre los distintos MPA.
De esta manera, el Estado se compromete a
la promoción de estos mercados como organizaciones
que promueven el encuentro y
la integración de personas como espacios de
comercialización directa donde artesanos y
productores venden el producto directo de su
trabajo sin intermediaciones, bajo los principios
de la Economía Social.