Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

90.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
Las políticas sociales han seguido una misma
orientación reparadora, también insuficiente,
revelada en la incorporación de más de
dos millones de adultos mayores a los derechos
jubilatorios, y a la sanción de una norma
de movilidad de las jubilaciones y pensiones,
respondiendo a una decisión de la Corte
Suprema de Justicia.
Un elemento también valorado positivamente
ha sido la negativa a responder al conflicto social
con represión. Incluso en casos en los que
los “piqueteros blancos” de la Mesa de Enlace
hicieron un daño aún incalculable, en más de
un sentido, la decisión fue evitar el uso de la
fuerza para resolver el conflicto.
La asunción de Cristina Fernández a la primera
magistratura fue el inicio de un asedio mediático
sin precedentes, lo que da cuenta del
respeto irrestricto a la libertad de expresión.
La democratización de la palabra se vio fuertemente
impulsada por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. A pesar de la irascible
respuesta de los grandes conglomerados
mediáticos (que siguen empeñados en una
campaña furiosa contra el Poder Ejecutivo),
el Congreso aprobó la ley que despenaliza las
calumnias e injurias defendiendo el derecho
de los medios de comunicación a revelar información
crítica sobre funcionarios públicos.
El intento impulsado por la resolución 125 fue
un intento fallido para redistribuir la riqueza, y
en ese conflicto puntual un sector de las fuerzas
progresistas acompañó en el Congreso, objetivamente
y más allá de las declaraciones, los
intereses de los sectores del privilegio.
Otras medidas posteriores al resultado electoral
del año 2009 marcan una dirección
inequívoca de profundización del modelo:
nacionalización de Aerolíneas Argentinas,
la estatización de los fondos previsionales, el
«Fútbol para Todos» en televisión, la Asignación
Universal por Hijo (AUH), son algunas
de las manifestaciones de la dirección política
de este modelo.
Es cierto que hay multitud de asignaturas
pendientes. Pero los cuestionamientos opositores,
amplificados por los medios, no son
por las cosas que faltan, sino por las que, para
nosotros, se hicieron bien y contribuyeron a
avanzar un paso más en la superación de las
calamidades del neoliberalismo.
En este marco de superación, de profundización
del modelo, de la desarticulación de
la pesada herencia neoliberal, se inscribe La
Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo
Económico y Social, que es un proyecto
que propone centrar la regulación financiera
según las necesidades de los usuarios.
El proyecto establece que la actividad financiera
es un servicio público, puesto que tiene todas las
características que lo definen en este sentido.
Ello no implica que no pueda ser prestado por
entidades lucrativas, pero siempre bajo determinadas
orientaciones, de manera tal que la actividad
tenga un impacto positivo en la economía.
Se cambia radicalmente el artículo de la ley
actual que permite a los bancos comerciales
realizar todas las operaciones que no les sean
prohibidas por la Ley, por un nuevo artículo
que enumera específicamente las operaciones
que los bancos comerciales pueden realizar.
También hay mayores requisitos para la instalación
de nuevos bancos extranjeros, que
deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo.
Se propone generar la democratización de los
servicios financieros, para que alcancen potencialmente
a todos los habitantes según sus
necesidades y características. Se encomienda
al Banco Central establecer un listado de “servicios
esenciales”, dirigidos hacia los sectores
de menores ingresos de la población, con un
nivel acotado de comisiones. Para favorecer la
prestación de servicios en el interior del país,
entre otras medidas, se crea un fondo compensador
que administrará el Banco Central,
para distribuir proporcionalmente entre las
entidades que contribuyan a brindar servicios
de utilidad pública.
Para democratizar el crédito, se establece
que, como mínimo, las entidades financieras
deberán dedicar un 43% de su cartera a los
préstamos hipotecarios para la vivienda y a las
micro, pequeñas y medianas empresas que tienen
un escaso acceso al financiamiento.