Nuestra palabra tiene crédito - Ministerio de Desarrollo Social

82.- Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito
económicas autogestionadas democráticamente
por los mismos trabajadores.
Se practica la cooperación autónoma
entre trabajadores de una misma
organización, red o localidad.
La competencia está subordinada
a la cooperación y la solidaridad con
el otro.
No se admite la explotación del
trabajo ajeno.
Las relaciones de género, generación,
etnia, son de igualdad y no discriminación.
La relación de la producción con
la naturaleza no es extractiva sino de
respeto por la biodiversidad.
Se promueve la territorialidad de
las intervenciones, generando tejido
social de proximidad y formas democráticas
de gestión de las políticas públicas
y los recursos.
Se promueve la libre iniciativa y la
innovación sin que esto implique el enriquecimiento
en base a la explotación
de otros o la ruptura del tejido social.
Se admite la diversidad entre las
formas de organización evitando las
tendencias a aplicar modelos predeterminados
homogeneizantes. En
particular se recupera la centralidad
de la unidad doméstica (familiar, comunitaria)
como forma económica y
se reconocen los derechos sociales de
sus trabajadores.
Se admite la diversidad cultural de
formas de vida digna pero no la diferencia
social injusta.
Se reconoce y promueve el principio
de autarquía, asegurando una base del
autosustento de familias y comunidades
mediante la producción para el propio
consumo, evitando la dependencia excesiva
de los vaivenes del mercado o de las
transferencias públicas.
Se promueven actividades, tecnologías
y relaciones de comercialización
que no generen dependencia ni sometan
a intermediarios, monopolios u
otros poderes asimétricos, y que permitan
incrementar los ingresos monetarios,
pero a la vez se admiten subsidios
para lograr el sostenimiento de las
organizaciones económicas populares.
Se fomentan las relaciones de reciprocidad
que complementen y superen
el intercambio utilitarista en el
mercado; fondos de seguridad social,
fondos rotatorios de ahorro y crédito,
bancos comunitarios, mingas, sistemas
de trueque y generación de moneda
social.
Se acentúa la redistribución progresiva
hacia este sector económico,
mediante subsidios, precios relativos
regulados, sistemas de seguridad social
y defensa de los salarios reales de los trabajadores,
minimizando cargas tributarias
y dando acceso a bienes públicos de
alta calidad (salud, educación, conocimiento,
servicios públicos).
El principio de intercambio es
regulado en lo que hace al mercado,
defendiendo la posición de los actores
populares (redes de abastecimiento,
comercialización conjunta, financiamiento
solidario) y se promueve el
comercio justo.
Se promueve la planificación de las
iniciativas para evitar la competencia