menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

PRÓLOGO
Los menores de edad, sea cual sea el límite en que se fije esa minoría, son
portadores de derechos pero no son ciudadanos autónomos. Están en un momento en el que
es necesario protegerles y educarles. Además por su incapacidad para defender y ejercitar
sus derechos y por su debilidad ante cualquier abuso, se encuentran en una situación de
especial vulnerabilidad y por ello necesitan de toda la fuerza protectora de la legislación,
de la administración y de la sociedad como garantes de su desarrollo personal.
El Valedor do Pobo como Alto Comisionado del Parlamento de Galicia,
designado por este, tiene como función primordial la defensa de los derechos y libertades
comprendidos en el Título I de la Constitución Española y en el Título Preliminar del
Estatuto de Autonomía. A estos fines y en el ejercicio de las funciones que le encomiendan
el Estatuto de Autonomía y la Ley del Valedor do Pobo deberá supervisar la actuación de
la Administración de la Comunidad Autónoma gallega.
Dentro de dicho ámbito de competencia, y de acuerdo con el propio espíritu y
esencia de la Institución del Valedor do Pobo le compete de forma especial indagar y
amparar en su caso la situación de los menores infractores así como la de los que se
encuentran en situación de desamparo, por encontrarse ambos en “la banda de
vulnerabilidad”.
Y esto es así, porque si bien es cierto que el art. 14 de la Ley del Valedor do Pobo
establece que podrá reclamar la atención del Valedor do Pobo toda persona que invoque un
interés legítimo, sin restricción alguna; no pudiendo constituir impedimento para ello, entre
otras circunstancias, la minoría de edad; también lo es que los menores, por sus propias
características de minoría de edad, tienen dificultades para exponer sus problemas y quejas
ante las instituciones públicas y solicitar la protección de las mismas y entre ellas el
Valedor do Pobo. De ahí que el Valedor do Pobo no pueda adoptar una postura receptiva,
sino que tiene que ir al encuentro de los menores y suplantando sus llamadas, ponerse en
su lugar e indagar en su caso la posible vulneración de sus derechos.