menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su
resolución 45/113.
Las resoluciones internacionales citadas han tenido un importante papel en la
lenta evolución de la justicia juvenil española y constituyen los antecedentes para el
cambio progresivo del modelo de “protección”, que consideraba al menor infractor como
un enfermo social al que no se sancionaba sino que se le protegía y como consecuencia de
ello se le negaba las garantías que solían acompañar a los procesos sancionadores
quedando fuera de las garantías del derecho penal aunque sometido a un proceso
materialmente punitivo al que se le negaba formalmente el carácter de sancionador. Del
modelo de “protección” se evolucionó al modelo de “responsabilidad” que parte del
reconocimiento de la responsabilidad del menor por los delitos o faltas que cometa y como
consecuencia de ello la inclusión del mismo dentro del sistema de garantías del derecho
penal y procesal penal. Asimismo dichas resoluciones supusieron en España el
reconocimiento de que el menor delincuente es un sujeto de derechos que precisa de una
atención especial orientada a su bienestar y plena integración social al tiempo que
establecían el principio de intervención mínima en relación con las conductas sancionadas
y la excepcionalidad de las medidas de internamiento; el principio de proporcionalidad y
como decíamos el sistema de garantías tanto en el ámbito del derecho penal material como
del derecho procesal penal.
La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
La aprobación de la vigente Constitución y la integración de los textos
internacionales no supusieron una inmediata modificación de legislación de menores
existente hasta que el Tribunal Constitucional (STC 36/1991, de 14 de febrero) declaró
inconstitucional el art. 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948. Esta
declaración desencadenó una reforma de la legislación de menores que se produjo
mediante LO 4/1992, de 5 de junio, que implicó la adaptación, en clave constitucional, de
la justicia de menores, estableciendo un marco flexible para que los Juzgados de menores
puedan determinar las medidas aplicables sobre la base de valorar especialmente el interés
del menor. Al mismo tiempo, encomienda al Ministerio fiscal la iniciativa procesal y le
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