menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

ordenando al legislador sustituir dicha norma por otra acorde con la Constitución y con los
principios y garantías como de si de un proceso de adultos se tratase.
Fruto de esa orden al legislador, que debía combinar las garantías procesales
derivadas del ordenamiento constitucional con los convenios internacionales suscritos por
España 29 , y tener en cuenta el interés del menor con criterios más allá del ámbito de las
ciencias jurídicas, fue la Ley Orgánica 3/92 reguladora de la competencia y procedimiento
de los Juzgados de Menores.
La justicia de menores, como desarrollaremos acto seguido en base a la Ley
Orgánica 5/2000, se establece en España sobre el principio básico fundamental de que la
intervención judicial debe serlo en función del interés superior del menor. Por ello el
legislador no impone penas sino medidas dictadas en atención de ese interés de que le sean
útiles al menor infractor. De ahí se entiende que a diferencia de la “justicia de los mayores”
lo importante no es la instrucción de un procedimiento a un infractor sino la ejecución de
las medidas propuestas. Tal afirmación no es baladí sino que al contrario cambia el centro
de gravedad del éxito de la intervención.
Lo importante ya no va a ser el proceso o la sentencia sino si efectivamente las
medidas adoptadas son útiles para el desarrollo del menor y le vacunan contra el delito.
No son pocos los problemas que la justicia de menores suscita. Surge, y no hay
acuerdo, con el propio espacio físico al que ha de contraerse el término menor. El
legislador español adoptó, no sin vaivenes y dudas, que el menor es aquel que está
comprendido entre 14 y 18 años, dejando a los menores de esa edad fuera del ámbito
jurisdiccional, ubicándolos en medidas administrativas y por encima de aquella edad
sometiéndolos a la llamada justicia de mayores.
29 En especial con los sistemas de justicia penal juvenil recogido en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas
para la Administración de Justicia a Menores de 1985(Reglas de Beijing), la Recomendación del Comité de
Ministros del Consejo de Europa nº R (87)20, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, y en la Resolución 45/113 de 14 de diciembre de
1990, de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad.
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