menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

En virtud de lo dispuesto en el art. 39 CE y en los instrumentos jurídicos
internacionales firmados por España se llevó a cabo una renovación de nuestro
ordenamiento jurídico respecto a los menores. De dicho cambio son exponentes la Ley
11/1981, de 13 de mayo, que suprime la distinción entre filiación legítima e ilegítima y
equipara al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la guarda potestad e introdujo la
investigación de la paternidad; Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; Ley 21/987,
de 11 de noviembre por el que se modifican determinados artículos del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; Ley Orgánica 1/1996,de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los
derechos de los extranjeros y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre; Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de
las víctimas de violencia doméstica; Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración
social de los extranjeros; Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos
con los abuelos; Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en
materia de derecho a contraer matrimonio; Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género.
- La LO 1/1996 ha supuesto el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos
en la persona del menor y de su capacidad para ejercerlos, teniendo como eje director las
necesidades de los menores; señalando como uno de los principios rectores de la acción
administrativa que “las Administraciones Públicas, en los ámbitos que le son propios,
articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia”. La Ley
transciende y modifica las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en
el Código Civil, construyendo “... un amplio marco jurídico de protección que vincula a
todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los
menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general”.
24