menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

En definitiva cuando se hace una política penal del menor no se está pensando
sólo en el tratamiento de ese menor individualmente considerado sino de un menor
prototipo de una nueva estructuración social en la que se erigen pandillas juveniles,
vandalismo callejero, violencia de género, acoso escolar, violencia innecesaria…
De ahí que la política juvenil y la política penal juvenil deben de funcionar y
organizarse coordinadamente y estar dotadas de los fondos y recursos necesarios, en la
mayoría de los casos exiguos.
a) Para el cumplimiento de las medidas de medio abierto.
Como es bien sabido el legislador del año 2000 tuvo muy presente el interés del
menor y la necesidad de reeducación y para ello estableció una serie de posibilidades fuera
de la jurisdicción para arreglar el conflicto social y para aquellos casos en que no fuera
posible, ya en el mundo de la jurisdicción, que es lo que ahora nos ocupa, ha establecido
los internamientos como última razón para aquellos casos en que la gravedad de los
hechos o la personalidad del infractor lo requieran. Es así que la Ley Penal del Menor está
nutrida de elementos alternativos al internamiento, apostando por el tratamiento en
libertad. Si fallan estas medidas de medio abierto habrá fallado la Ley y con ello la
intentada recuperación de los menores delincuentes.
Pero para el cumplimiento de esas pretensiones de la Ley Penal, se necesita la
dotación de un importante número de recursos, básicamente económicos, lo que no
siempre se cumple.
Las medidas de medio abierto pasan en una importante medida por los equipos
técnicos, los cuales son los encargados de diagnosticar, informar, proponer y vigilar sobre
el estado de los menores delincuentes. Pero lamentablemente hemos detectado, lo que es
un lugar común, la escasez de los mismos; lo que les impide en muchas ocasiones realizar
y abordar el meollo de aquello para lo que están previstos.
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