menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

Como problemas derivados de dichas peculiaridades han de citarse la disparidad
entre las expectativas del menor y lo que realmente le ofrece el sistema de protección; la
existencia de pautas culturales y religiosas diferentes y diversas; el desconocimiento del
idioma; la imposibilidad de trabajar con las familias de origen; y dificultades de
escolarización y/o formación. A este respecto ha de señalarse que uno de los problemas
que se plantean en los centros residenciales con los MNAs es el largo tiempo que pasan
desde que son declarados en desamparo hasta los nueve meses que el reglamento de
extranjería establece como plazo máximo para el otorgamiento del permiso de residencia y
poder optar a una regularización de su situación en nuestro país. Durante ese período de
tiempo de nueve meses, los MNAs encuentran dificultades para participar en actividades
culturales, educativas y de formación profesional, lo que no les ayuda precisamente para su
proceso de integración. Es así que la inactividad de la administración para documentar a
estos menores condiciona su proceso de integración, ya que, aún adquiriendo una
formación profesional, se encuentran sin posibilidades de integrarse en la vida laboral al no
estar debidamente documentados. Por ello que resulta necesaria la colaboración entre las
administraciones implicadas (central y autonómica) a través de la Delegación del Gobierno
a la que corresponde realizar gestiones de manera activa para documentar a estos menores.
El auge de este nuevo fenómeno de los menores extranjeros no acompañados,
junto al de los adolescentes, ha propiciado el desplazamiento hacia ellos de la
preocupación principal de la atención residencial; en estos momentos son estos internos
quienes presentan mayores dificultades de integración, habiendo dejado de serlo los
menores pertenecientes a la etnia gitana.
El aumento de la población de menores extranjeros en los centros residenciales
constituye un nuevo reto al que han de enfrentarse las administraciones, los educadores y
los equipos técnicos; habiéndose de recordar que es obligación inexcusable de las
administraciones públicas la de velar por el interés primordial del menor, tal como
establece el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño así como atender sus
derechos como los de cualquier otro ciudadano menor de edad que se encuentre en
territorio español (Ley 1/1996 de LPOJM). A este respecto la Red Europea de Defensores
del Menor (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children) instó a los países
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