menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

La LOPRM, el Real Decreto 1774/2004 y el Decreto 427/2001, diferencian dos
figuras: la sanción de separación de grupo y la medida de aislamiento como método de
contención y no como sanción.
La sanción de separación de grupo, constituye de hecho un aislamiento del menor
respecto a los demás internados, pues permanecerá aislado en su habitación o en otra de
“análogas características a la suya”, durante el horario de actividades del centro, excepto
para asistir, en su caso, a la enseñanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas al
día de tiempo al aire libre, siendo obligada, la visita diaria al menor del psicólogo o el
médico del centro así como se dejará sin efecto en el momento en que afecte a la salud
física o mental del menor. Esta sanción no se aplicará a los menores enfermos, a las
menores embarazadas hasta que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del
embarazo, a las madres lactantes y a las que tengan hijos en su compañía.
La LORPM (art. 59.2) establece la posibilidad de utilizar medios de contención
para evitar actos de violencia o lesiones de los menores, fugas o daños a las instalaciones, y
frente a actos de resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro,
dejando al Reglamento (art. 55) la determinación de los medios de contención, que se
puedan utilizar: contención física personal, defensas de goma, sujeción mecánica y
aislamiento provisional. Este último medio de contención se deberá cumplir en una
habitación que reúna medidas que procuren evitar que el menor atente contra su integridad
física o la de los demás, debiendo ser visitado durante el periodo de aislamiento
provisional por el médico o el personal especializado que precise.
El uso de los medios de contención ha de ser proporcional al fin pretendido, nunca
supondrá una sanción encubierta y solo se aplicaran cuando no exista otra manera menos
gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.
Con el control judicial de las sanciones y de los medios de contención se evita
tanto el abuso en la utilización de dichos medios, que afectan a los derechos
fundamentales, como la falsa imputación a los profesionales de posibles malos tratos.
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