menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

concede amplias facultades para acordar la terminación del proceso con la intención de
evitar, dentro de lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera llegar a producir.
Asimismo, configura el equipo técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el
objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo un procedimiento de
naturaleza sancionadora-educativa, al que otorga todas las garantías derivadas de nuestro
ordenamiento constitucional, en sintonía con lo establecido en la aludida sentencia del
Tribunal Constitucional y lo dispuesto en el art. 40 de la Convención de los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989.
La citada Ley señalaba “el carácter de una reforma urgente que adelanta parte de
una renovada legislación sobre reforma de menores, que será objeto de medidas
legislativas posteriores”. Esta renovación se produjo con la aprobación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero (LORPM) 31 que supuso un avance considerable respecto al régimen
establecido por la ley anterior constituyendo un reconocido marco jurídico para la defensa
de los derechos del menor, encaminado a la adopción de unas medidas que
fundamentalmente no son represivas sino preventivo–especiales, orientadas hacia la
efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorado con criterios que han de
buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas. Asimismo la LORPM
ofrece una amplia gama de medidas alternativas al internamiento, frente al sistema
tradicional basado prácticamente en la pena privativa de libertad, introduce el principio de
oportunidad que posibilita la finalización anticipada del procedimiento cuando su
continuación pueda ser negativa para la educación del menor y proporciona una
perspectiva sistemática del tratamiento de los menores al regular de forma única los
aspectos sustantivos, procesales y de ejecución.
La LORPM –reformada por las Leyes Orgánicas 7/2000, 9/2000, 15/2003 y
8/2006–, valorada en su día de forma positiva por los operadores jurídicos, si bien en la
práctica repetitivamente reformada, parte del reconocimiento expreso de la responsabilidad
de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años por la comisión de
hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes especiales. Dicha
31 Se base en los principios básicos que guiaron a la LO 4/1992, especialmente en el principio del superior
interés del menor, de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y en las normas de Derecho
Internacional, particularmente la Convención de los Derechos del Niño.
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