menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

5. La eficacia de las leyes protectoras de los niños/as y
adolescentes.
El correlato de un sistema normativo ha de cerrarse con la instauración de
mecanismos para hacerlo efectivo. Y si eso es necesario en los ámbitos generales de la
convivencia social mucho más lo es en aquellos casos, como el que nos ocupa, en que sus
titulares tienen enormes dificultades para instar la aplicación de sus derechos.
El Informe especial 1999 del Defensor de Pueblo Andaluz sobre el sistema de
protección de los menores señalaba que “largas y prolijas son las declaraciones de
derechos con alusiones más o menos directas a los menores de edad, pero la práctica
jurídica cotidiana nos enseña como lo esencial en estos derechos no es tanto su enunciado
y su plasmación positiva, como que pudieran ser ejercitables por su titular, el menor, y
que encuentren en el ordenamiento jurídico la adecuada protección frente al sujeto
obligado a hacer efectivo su contenido”.
En este sentido, ha de indicarse que la LOPJM establece que “…en todo caso,
el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por la falta de
recursos básicos”.
La cuestión no es sencilla, la falta de recursos afecta los derechos económicos,
sociales, políticos y civiles de los menores así como a sus derechos a la integridad física y
psíquica, a la seguridad, a la libertad y a la familia. Y para garantizar el disfrute efectivo de
estos derechos, sin discriminación alguna, es necesario alterar aquellas condiciones
familiares y sociales que impiden o limitan esos derechos.
Dicho lo anterior no se nos escapa que los legitimarios para exigir el
cumplimiento de los derechos carecen de los instrumentos adecuados para instar su
cumplimiento; es más desconocen cuáles son los derechos a los que pueden acceder. Es
por ello que son los poderes públicos y también sin duda esta Institución los que tienen que
mantener una actitud vigilante en aras al cumplimiento de la normativa sobre los menores.
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