menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que las dependencias de los Cuerpos
de Seguridad del Estado en general no están acondicionadas para la custodia de los
menores ni garantizan su absoluta separación con los detenidos adultos. Es así que no se
cumple lo preceptuado en el art. 17.3 de la Ley Penal del menor que establece que:
“mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias
adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad...”. Asimismo no
se ha llevado a cabo en Galicia la recomendación, aceptada, del Defensor del Pueblo en su
Informe sobre el primer año de vigencia de la LORPM sobre la necesidad de adecuar las
condiciones y características de dichas instalaciones a las exigencias del mencionado
apartado 3º del art. 17 de la Ley penal del menor.
Pero no todo son incumplimientos por parte del Ministerio del Interior pues ha de
valorarse de forma positiva la eliminación de los distintivos reglamentarios en los
vehículos policiales y de los uniformes oficiales en los funcionarios en los traslados
policiales a dependencias judiciales u hospitalarias de menores así como también el hecho
de que se permita que un educador viaje con el menor en dicho vehículo. Es así que el
Ministerio del Interior ha llevado a cabo la aceptación de la Recomendación antes indicada
respecto a la forma en que debían de realizarse los traslados, cumpliéndose así con lo
dispuesto en el Reglamento que desarrolla la Ley penal del menor (art. 35, último párrafo,
punto 5) que establece que “... en todo caso, los desplazamientos conducciones y traslados
se realizarán respetando la dignidad, la seguridad y la intimidad de los menores”.
Especialización y formación de los agentes implicados en la intervención.
Las particularidades y el carácter cambiante de la delincuencia juvenil requieren
una especialización y una formación permanente de los agentes que participan en el
proceso de intervención: policías, abogados, fiscales, jueces, funcionarios, mediadores, etc.
Y por lo que respecta a los Colegios de Abogados, tal y como ya ocurre en los de Galicia,
requiere el funcionamiento de turnos específicos de abogados de oficio para la asistencia al
menor infractor.
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