menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

El ACNUR define al menor extranjero no acompañado (MNA) como la persona
menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y que no está bajo el cuidado
de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo.
La resolución de 26 de julio de 1997 del Consejo de la Unión Europea establece
que estos menores son “todos los nacionales de países terceros menores de 18 años que
entran en el territorio de los estados miembros sin estar acompañados de un adulto que
sea responsable de ellos por la ley o el hábito, y mientras no estén efectivamente bajo
cargo de tal persona..., así como menores nacionales de países terceros que fueron
dejados solos después de entrar en el territorio del Estado miembro”.
Los motivos que mueven a estos jóvenes a abandonar el país y a entrar en España
son, para el ACNUR la pobreza, las catástrofes naturales, la desestructuración familiar, la
desprotección institucional, la imposibilidad de forjarse un futuro, los conflictos armados y
las violaciones de derechos fundamentales.
Cuando se localiza a un menor extranjero, de conformidad con las disposiciones
legales en materia de protección de menores y de extranjería, las actuaciones
fundamentales que han de practicarse son: a) guarda provisional, atención inmediata,
identificación y comprobación de la edad del menor; b) comprobada la minoría de edad,
asunción por la comunidad autónoma de la tutela del menor, lo que conlleva el
acogimiento residencial del mismo. Durante este período, el menor ha de ser reagrupado
mediante la repatriación con su familia de origen o con los servicios públicos de protección
de su país de origen; c) en el supuesto de que la repatriación no sea posible o que sea
contraria al interés del menor, ha de decretarse el acogimiento residencial permanente del
menor hasta su mayoría de edad.
Si bien es cierto, como no podía ser de otra manera, que los MNAs son acogidos
residencialmente en las diferentes CC.AA, la realidad indica que en general dicho
acogimiento no es de calidad, con respecto de los derechos de los menores. La razón de
ello estriba en que ni los profesionales ni los recursos están preparados para atender a sus
necesidades y a sus características específicas.
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