menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal - ceesg

Los centros de internamiento deben de ser diferentes de los centros penitenciarios
con el fin de minimizar las posibilidades de que se produzca un contagio de criminalidad
con los delincuentes adultos, y deben de estar divididos en módulos adecuados a la edad,
madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados, rigiéndose por una
normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá por finalidad la
consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes
programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados
(art. 54.3 LO 5/2000, art. 33 del Reglamento que la desarrolla). Para el cumplimiento de
este objetivo es necesario que la infraestructura de los centros permita la adecuada división
en módulos y garantice minimamente la separación por edades.
Debe de señalarse de forma especial el estatuto básico de derechos del que goza el
menor internado y que se centra en el reconocimiento del “derecho a que se respete su
propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos
no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de
edad, civil cuando sea el caso” y especialmente en el reconocimiento de los siguientes
derechos:
- Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su
integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso ser sometidos a tratos
degradantes o malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o
innecesario en la aplicación de las normas.
- Derecho del menor de edad civil, a recibir una educación y formación integral en todos
los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes.
- Derecho a que se preserve su dignidad e intimidad, a ser designados por su propio
nombre y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente a
terceros.
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