sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en ... - Polis

ferendum aprobatorio. La ciudadanía podrá igualmente convocar a una
consulta popular si dispone del 5% de apoyo del padrón electoral.
Para el ejercicio de la revocatoria del mandato se requiere del 10%
del electorado, y si se tratara del Presidente se exige el 15%.
La ciudadanía podrá también, a través de los “Consejos Nacionales
de Igualdad” (art.156) formados por miembros de la sociedad
civil y del Estado, buscar la vigencia de derechos mediante la formulación,
“transversalización”, observancia, seguimiento y evaluación
de políticas públicas, como en el caso de las políticas de género, derechos
colectivos, derechos para la niñez y adolescencia.
Estos derechos de participación en los procesos de decisión se
completan con aquellos relativos a la búsqueda de transparencia y
control sobre las decisiones y los representantes públicos, para lo cual
se constituye el cuarto poder del Estado: la “Función de transparencia
y control social”. Además de controlar a las entidades públicas y velar
para que ejerzan sus responsabilidades con transparencia y equidad,
esta nueva Función de Estado deberá fomentar la participación ciudadana,
proteger el cumplimiento de los derechos, prevenir y combatir
la corrupción. Esta superentidad abarca a diversas otras encargadas de
la lucha contra la corrupción, de defender los derechos (ombudsman),
y de controlar las funciones del Estado o de éste a la sociedad (la Defensoría
del Pueblo, la Controladoría General del Estado y las superintendencias
de banco, de compañías, y de modo particular, al Consejo
de Participación ciudadana y de control social (art.204)).
Este “Consejo de Participación ciudadana y de control social”,
particularmente emblemático de este cambio, tiene como funciones
(art 208): promover la participación y la deliberación públicas, establecer
los mecanismos de “control social” (veedurías, rendición de
cuentas) sobre entidades y cuestiones de interés público, instar a las
entidades competentes a asumir “en forma obligatoria” asuntos que
se considere pertinente hacerlo, investigar cuestiones de corrupción
y en consecuencia impulsar actos legales, proteger a las personas
que denuncien actos de corrupción, y nombrar a un cierto número
de autoridades importantes del Estado, tales como al procurador del
Estado (abogado del Estado) y los superintendentes (de bancos, de
compañías, de control ambiental) encargados de controlar ciertas entidades
privadas. Estas personas son designadas de entre las ternas
presentadas por el Presidente de la República. Mientras que por concurso
público nombrará al Defensor del Pueblo (ombudsman), al Fiscal
y al Contralor General; es decir, a todas las entidades encargadas de
La nueva Constitución del Ecuador, 2008: su proceso de definición y los cambios institucionales
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