sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en ... - Polis

Hace poco más de veinte años, en 1988, se promulgaba la octava
Constitución brasileña, fruto de la movilización popular por el fin
de la dictadura militar. Conocida como la “Constitución Ciudadana”,
fue reconocida, por algunos segmentos, como la que contó con el
mayor apoyo popular, que creó mecanismos de participación y se
mostró orientada a la defensa de los derechos de los ciudadanos y
ciudadanas. Para otros, es una constitución que avanzó en los derechos
sociales, pero ha sido extremadamente conservadora en cuestiones
económicas, de reforma agraria y de organización democrática
del Estado. O incluso, una reorganización de las elites brasileñas para
perpetuarse en el poder.
Los trabajos de los constituyentes dieron por resultado un texto
que recibió críticas por su extensión – 250 artículos y 89 actos de
disposiciones constitucionales transitorias –, una de las más largas
del mundo. En estos veinte años, la Constitución fue modificada por
más de cincuenta enmiendas de reforma, con cambios que van desde
la forma de estructura administrativa del Estado brasileño, hasta el
sistema de seguridad social. Además, algunos capítulos del texto de
1988 aún esperan reglamentación.
Poco tiempo después de la Constitución brasileña, en 1991, Colombia
también aprobó su nueva Carta, que, desde el punto de vista
formal, amplió el espectro de los derechos y abrió grandes posibilidades
para la participación de la sociedad civil en la vida pública
del país.
Pasados esos años, tanto en Brasil como en Colombia se han verificado
avances desde el punto de vista de la expansión de la ciudadanía,
pero todavía subsiste una enorme distancia entre la ciudadanía
formal, aquella que consta en las respectivas Cartas Magnas y la ciudadanía
real que, lamentablemente, se traduce en la violación cotidiana
de los derechos de millones de ciudadanos/as.
Recientemente, países como Venezuela, Bolivia y Ecuador están
pasando un por proceso semejante de construcción de un nuevo
“contrato social”, pautado por una fuerza política inédita que busca
instaurar una mayor justicia económica y social, teniendo como base
política los movimientos sociales.
También está el caso de Paraguay, que después de décadas eligió
a un presidente ligado a los anhelos populares. Países como Perú,
con la Ley Nacional sobre Presupuesto Participativo, y México, con
la ley de transparencia e información pública, avanzaron en dirección
a la democratización. Además, existen experiencias de integra-
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