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su máxima instancia deliberativa (el Pleno de los Comisionados) y la
publicidad de sus sesiones; por el contrario, dos puntos débiles son
la falta de independencia plena de algunos de los Comisionados 34 –
que puede limitar las decisiones sobre el alcance de la apertura y los
limites de la transparencia en los asuntos u órganos del Estado por
motivos políticos – y, sobre todo, la falta de una adecuada estructura
de funcionarios públicos dentro del IFAI. 35
El sistema mexicano se caracteriza, entre otros factores, por la
posibilidad que tienen los ciudadanos de interponer un recurso de
revisión ante la negativa de las dependencias federales a la información
solicitada. En este caso el IFAI actúa como última instancia
dictando una resolución decisiva y obligatoria sobre el motivo y el
alcance de la petición de información. Como hemos dicho, existe en
el sistema mexicano el principio de “prueba de daño”, por el cual la
dependencia gubernamental está obligada a demostrar el daño que la
divulgación de la información provocaría en términos definidos en
la ley, como seguridad nacional y seguridad pública, informaciones
personales o aquellas que pongan en riesgo trámites en proceso 36 .
Finalmente, los Comisionados del IFAI deben actuar en el sentido
de proteger el interés de los ciudadanos que interpongan una queja a
través de las herramientas de “suplencia de la queja” y “facultad de
investigación”. Tales herramientas permiten que los Comisionados
puedan ir más allá de la literalidad de las peticiones de los ciudadanos,
buscando subsanar las deficiencias u omisiones en la presentación
original, complementando los datos o promoviendo entrevistas
34 Ackerman habla especialmente de Alonso Lujambio, actual Comisionado presidente
del IFAI, un reconocido intelectual cercano al presidente Felipe Calderón
y su Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, el nombramiento de Lujambio
no rompe con las normas de la LAI. El Pleno del IFAI debatió una propuesta para
que los Comisionados no participen en las decisiones que representen un conflicto
de intereses, pero el 22 de noviembre de 2006 la propuesta fue rechazada en una
votación dividida de 3 (incluido Lujambio) contra 2 (ACKERMAN, 2007: 39).
35 Esa debilidad del IFAI no es excepción, infelizmente, sino la norma en el Estado
mexicano: la universalización de las oposiciones para acceso al empleo público, para
permanencia, promoción o salida, es un fenómeno muy estricto en la administración
pública mexicana.
36 En realidad esta norma de publicar una información por el principio de máxima
publicidad teniendo en cuenta ideas como “prueba de daño” y “prueba de interés
público” es parte del sistema mexicano, pero no por su inclusión en las normas.
Es un principio de interpretación que los comisionados del IFAI constituyeron a
través de varias resoluciones en el mismo sentido, también basados en una parte del
Reglamento de la LAI (ACKERMAN, 2007: 22-26).
74 Sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en America Latina: dilemas y perspectivas