sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en ... - Polis

un poco de historia
El 25 de enero de 2009, se llevó a cabo el referéndum dirimitorio
y aprobatorio del nuevo texto constitucional. Fue aprobado con algo
más del 61%. Desde su socialización, esta constitución ha sido considerada
“revolucionaria” y de interés para la región sudamericana,
pues recoge las aspiraciones y objetivos de lucha de organizaciones
sociales y académicas regionales.
La inclusión de nuevos derechos humanos de vanguardia para
el individuo y el colectivo, derechos que fortalecen a un Estado que
ejerce soberanía, no sólo territorial, sino también de gestión y desarrollo
de sus potencialidades con respeto, han generado elogios por
establecer una constitución avanzada.
Sin embargo, también ha sido criticado, debido a los problemas
que generó a nivel político interno y las controversias sobre pronósticos
fatalistas sobre: el problema de las autonomías de algunos
departamentos que realizaron referendums autonómicos, la gestión
sobre la explotación e industrialización de recursos naturales, los derechos
de pueblos indígenas, la propiedad y tenencia de tierras agrícolas,
territorios indígenas, las concesiones forestales, y el incentivo
al empresariado (grande, mediado y pequeño).
En aquellos momentos otros temas muy sensibles y de suma importancia
se invisibilizaron en: minería, hidrocarburos, transgénicos,
desarrollo de la amazonía, aplicabilidad de competencias autonómicas,
entre otros.
En el mes de octubre de 2008 la problemática emergente y la
discusión sobre su aprobación derivó en una etapa de “negociación
final” entre el gobierno nacional y la oposición. Se conformó una
Comisión de Concertación de la nueva Constitución Política del Estado,
integrada por un representante por tienda política. Finalmente,
luego de observar más de 46 artículos, la concertación se quebró,
por no llegar a un acuerdo final sobre el tema principal del conflicto,
“las autonomías” (la nueva constitución incorpora cuatro
niveles autonómicos), además del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), “su restitución” y los fondos que la sostendrían, la
reelección presidencial, la justicia comunitaria, la inestabilidad constitucional
y la ausencia de un régimen agropecuario.
El quiebre de concertación derivó en el inicio de la gran marcha
nacional por la aprobación de la nueva constitución, en que cientos
y cientos de personas y movimientos sociales de todas partes del
Derechos, medio ambiente y nueva Constitución en Bolivia
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