sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en ... - Polis

sible que ejerza presión en el gobierno nacional para cambiar este
principio soberano?
Una problemática a nivel de política interna, durante la vigencia
de la Asamblea Constituyente, y ahora en su implementación, son
las competencias de los nuevos niveles de gobierno: las autonomías
regionales, departamentales, municipales e indígenas. En estos niveles
de gobierno se reparten las competencias del Estado. Para el
nivel nacional, por ejemplo, se han establecido como privativas,
entre otras, las políticas sobre tierras y territorio, titulación, hidrocarburos,
política de biodiversidad y medio ambiente, dejando las
competencias de fiscalización, control y preservación a los demás
niveles de gobierno.
Dentro de la estructura del Estado están las empresas estatales,
que reciben mandatos especiales a modo de objetivos, por ejemplo,
administrar “a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios
de los recursos naturales” en general, y ejercer el control estratégico
de las cadenas productivas e industriales.
Se estableció que los recursos naturales son del pueblo boliviano y
son simplemente administrados por el Estado, la facultad que se da a
las empresas estatales solo alcanzará a lo legalmente concedido para su
aprovechamiento. La facultad administrativa sobre los recursos naturales
deja claramente establecido que el Estado es un simple administrador
y no podrá enajenarlas, dar los recursos naturales en concesiones
perpetuas o figuras similares, cualesquiera que éstas sean.
En la parte final del capítulo sobre medio ambiente, llama la
atención el énfasis en la promoción de mitigación de los efectos
nocivos al medio ambiente (¿no debería ser promoción a la prevención?).
Sin embargo, inmediatamente se declara la “responsabilidad por
los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos
ambientales”. Quizá podríamos advertir la primera gran excepción
a la regla de la retroactividad, muy común en materia laboral y
penal. Con este mandato constitucional, ¿no podría iniciarse investigación
y persecución de daños ambientales ocurridos en gobiernos
anteriores?, a pesar de que en su momento no fueron considerados
delitos, y salvando la posibilidad de la prescripción de acciones. Esta
previsión nos lleva a pensar en un posible proceso de auditoria socioambiental
similar al ecuatoriano.
En otra parte de la constitución, los recursos naturales no renovables
son declarados de interés nacional. Este és un requisito que
62 Sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en America Latina: dilemas y perspectivas