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la defensa de los derechos ciudadanos, del inicio de los procesos legales
y de controlar los gastos del Estado.
Por igual forma nombrará a los miembros de las entidades encargadas
de las elecciones o procesos de votación pública (Consejo Nacional
Electoral y Tribunal Contencioso Electoral), y a aquellos que
componen el Consejo de la Judicatura, es decir, la entidad encargada
de la organización de la administración de la justicia.
Estas enormes atribuciones han sido antes de la función legislativa,
y han sido consideradas una fuente de abusos de poder por los arreglos
entre partidos que esto implicaba, con intercambio de favores.
El “Consejo de Participación ciudadana y de control social” será
formado por siete personas propuestas por organizaciones sociales o
personas, en un concurso público que definirá una terna que se escoge
en la entidad legislativa.
El cambio fundamental sería, por consiguiente, que las prerrogativas
exclusivas del poder estatuido se vuelven compartidas con el
común de los ciudadanos o sus organizaciones, las cuales pueden de
suplemento ejercer un derecho de control constante. Para este ejercicio,
se recorta el poder de los representantes, es decir del voto popular,
del cual también resulta el Presidente. Este poder ciudadano es
así colegislador y controlador de facto. De hecho, implica la pérdida
de defensa del ejercicio de la representación política y la constitución
de un poder por encima de ella, que no proviene del voto popular,
sino de las posibilidades de ejercicio de democracia directa. Las diversas
posibilidades de participación ciudadana, directa o por medio
de organizaciones, que la nueva Constitución establece, revelan bien
la voluntad de constituir un sistema en el cual la representación política
como institución resultante del voto popular, en principio pierde
su predominio, y emerge una entidad que constituye un poder paralelo.
Este es el resultado de un poder ciudadano que no sigue las
pautas de constitución del voto popular, sino que es designado por
pautas más bien de origen corporativo o al menos (personas sin pertenencia
a organización social o popular alguna, en caso de que lograsen
ser nombradas al Consejo de Participación) distante de los
partidos políticos. Las prerrogativas del poder ciudadano son de talla.
Antes formaron parte del poder del legislativo, por ende de los partidos,
pero en la nueva Constitución ecuatoriana pasan a ser parte de
un nuevo poder del Estado. Si se aplicasen todas las competencias de
esta nueva función del Estado tendríamos un nuevo sistema político
en el que deben convivir un poder que sale del voto popular, el de
38 Sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en America Latina: dilemas y perspectivas