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Respecto a los recursos naturales renovables, se establece el uso y
aprovechamiento prioritario por parte de estos pueblos.
No se establece expresamente el “derecho al veto” de los pueblos
indígenas, no obstante, considerando los derechos especiales en
la nueva constitución, el compromiso de respeto al “veto” por parte
del Estado estaría implícitamente presente. Si está establecido el respeto
a los derechos indígenas, como la elección de una forma propia
de desarrollo, el Estado sólo deberá garantizarlo.
El derecho a la consulta no es de aplicación exclusiva de los pueblos
indígenas sino de cualquier colectivo.
Continuando con la búsqueda de nuevos retos, y saliendo de los
derechos indígenas, sin duda el tema ambiental adquiere importancia
sobresaliente, por su mención recurrente en todo el texto constitucional
junto a la declaración de industrialización de sus recursos
naturales; el reto es establecer la visión con la cual fueron introducidos
y establecer el modo como serán “implementados”.
En el capítulo de los derechos humanos sociales y económicos
insertos, (capitulo de los derechos sociales y económicos) las personas
tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado. Es un derecho que en otras constituciones de la región
y del continente estuvo vigente desde finales del siglo pasado, pero
el contexto fue diferente en cada uno de esos países. En Bolivia es
otro, y el momento histórico también. Nos hallamos ante una problemática
ambiental mundial, como el calentamiento global, donde
cualquier previsión y medida gubernamental a favor de la preservación
del equilibrio ambiental mundial es primordial.
En muchos artículos, el tema ambiental resuena insistentemente,
y junto a él, el del aprovechamiento de los recursos naturales. Esto
obliga al legislador a en lo adelante considerar el tema ambiental no
como una simple externalidad, sino interrelacionado a las personas
que en ella existen.
Frente al derecho, la obligación de la denuncia sobre daños ambientales
ha sido configurada como la facultad de cualquier persona
para ejercer acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente.
Se establece la obligación de actuación de oficio del Estado
por tratarse de interés nacional. Seguramente nuevas entidades como
la Procuraduría del Estado tendrá un rol importante en la defensa
ambiental, sobre todo en temas internacionales, de recursos de frontera
y daños ambientales transfronterizos como el caso de las represas
del Río Madera.
58 Sociedad civil y nuevas institucionalidades democráticas en America Latina: dilemas y perspectivas