e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

En diversas comunidades de los distintos municipios la gente velimitado su accionar y la libre movilización por la situación deviolencia y delincuencia que afecta directamente su vida cotidiana,tanto en el ámbito público como en el privado. Las calles handejado de ser espacios para movilizarse libremente.Los contextos de violencia, la libre circulación de armas, lacrisis económica, la ausencia de políticas sociales y la transnacionalizaciónde estos y otros fenómenos desde la década de 1990,prepararon el escenario en que surgieron las «maras» o pandillasjuveniles, de gran impacto social y mediático, incluso en la actualidad.El crecimiento numérico de las maras y la rápida expansiónde sus acciones, sumadas a la violencia generada por otros focos,llevó a la conclusión de que el nuevo contexto de violencia no teníauna sola explicación y mucho menos una sola causa.El modo en que el Estado encaró las pandillas juveniles en suetapa inicial pasó del desdén a la perplejidad, y de esta al endurecimientode la ley y aumento de la represión y la criminalización demiles de jóvenes marginalizados. Se estigmatizó a muchos jóvenespor su origen social y sus supuestos vínculos con las maras, ocultandola responsabilidad del Estado, que nunca impulsó políticaspúblicas para promover empleo y educación entre los jóvenes marginalizadosen la ciudad y el campo.Los «asentamientos humanos» marginales se multiplicaron desdela década de 1970, sin ser sometidos a regulaciones efectivas niser receptores de asistencia social. Las «invasiones» crecieron antela displicencia oficial, que despertó la sospecha sobre una probablecolusión entre los «invasores» y el bipartidismo, siempre ávido declientela política y de espacios sociales prometedores para la demagogia.Así se reforzaron mutuamente la pobreza y la violencia,provocando políticas represivas en lugar de políticas sociales paraenfrentar problemas con profundos orígenes estructurales.Las políticas represivas para combatir las maras fueron unrotundo fracaso, tanto que en 2013 fueron las maras quienes ofrecieronuna tregua al gobierno, para demostrar buena voluntad ydejar en claro que no son las únicas responsables por la crimina-116